Uno de los principales caballos de batalla de José Luis Martínez-Almeida en la campaña electoral por la alcaldía de Madrid fue la derogación de Madrid Central, el plan del gobierno municipal de Manuela Carmena para hacer frente a la contaminación atmosférica en el núcleo de la capital. Una vez alcalde, el líder del PP, con el apoyo de Vox y Ciudadanos, puso en marcha un intento de moratoria de las multas incoadas y prometió «revisar el plan», un eufemismo forzado por la amenaza de sanciones de la Unión Europea y la evidencia de que la iniciativa, que ha sido considerada por entidades ecologistas de Europa como la zona de bajas emisiones más efectiva de la UE, ha sido altamente efectiva en el recorte de emisiones de NO2. Martínez-Almeida presenta ahora su alternativa, Madrid 360. Según el alcalde del PP, a pesar de que permitirá que vehículos contaminantes accedan a las zonas antes vetadas, las emisiones se reducirán. No parece convincente.

La adaptación a la emergencia ambiental a la que nos enfrentamos exigirá medidas de las administraciones y compromisos de los ciudadanos para asumir cambios, no siempre fáciles, en nuestra forma de vida. Habrá quien no los sepa entender, o que tal vez resulte damnificado por ellos. Defender la necesidad de esta transformación, hacer la pedagogía imprescindible y emprender las iniciativas necesarias para evitar que acarreen nuevas situaciones de desigualdad es la labor de cualquier gobernante responsable. Alimentar el descontento y complacerlo con medidas regresivas es algo que se debería esperar del populismo más inconsciente e irresponsable, con el que ha decidido alinearse el nuevo alcalde de Madrid.