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El Tribunal Supremo falla a favor de la banca

 

Lo que hace 15 días era blanco, hoy es negro. Así, sin matices, en un giro legal sin precedentes, el Tribunal Supremo (TS) ha revertido la sentencia sobre quién debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de las hipotecas. Si hace 15 días una sentencia cambió la doctrina y estableció que tienen que ser las entidades bancarias las que abonen la tasa, ayer la Sala Tercera, por una exigua mayoría de 15 votos frente a 13, decidió justamente lo contrario: que sean los clientes quienes asuman el pago del impuesto, regresando de esta forma a la situación inicial. Sin embargo, sería de ingenuos pensar que la situación es la misma que hace 15 días. En este tiempo, la reputación del Tribunal Supremo ha quedado gravemente dañada por todo el proceso y el cambio de opinión final, en el que resulta muy difícil no apreciar las presiones del poderoso sector bancario.

Los detalles del fallo --que pone fin a la perniciosa situación de inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario-- no se harán públicos hasta los próximos días, cuando se conocerán también los distintos votos particulares. Pero cuesta mucho entender un giro tan rotundo, visto además cómo se ha producido: tras el fallo inicial, que ocasionó un desplome del sector bancario en la bolsa, se optó primero por suspender la sentencia y poco después por convocar a la Sala Tercera, una decisión extraordinaria justificada por «la enorme repercusión económica y social» de la decisión sobre el impuesto. Esa repercusión perjudicaba tan solo a la banca; la decisión de suspender el fallo beneficiaba a la banca, y la resolución final es la más positiva posible para la banca. Como decíamos, cuesta mucho entender tanta sensibilidad del Tribunal Supremo con el poder financiero y tan poca en otros asuntos de raíz política y social.

Cuesta, además, porque llueve sobre mojado: el papel del sector financiero en la crisis económica; las prácticas bancarias abusivas durante la recesión (las preferentes, las cláusulas suelo…); el coste del rescate bancario pagado por el contribuyente, los sueldos astronómicos, escándalos como el de las tarjetas black... La desconfianza de la ciudadanía hacia el sector financiero, visto como un poder opaco al que agasajan políticos y ahora jueces, se acrecienta con este episodio. El descrédito de la justicia, y en particular del TS, también aumentan. Esta hipoteca deja una factura muy alta.

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