España vuelve hoy a la plena actividad política tras el parón de agosto. La política seguirá a medio gas. Los plazos marcados por la Constitución para la investidura se van cumpliendo inexorablemente sin que ningún candidato obtenga los apoyos suficientes para acudir al Congreso. El único que lo ha intentando, y que tiene posibilidades de conseguirlo, Pedro Sánchez, libra una batalla psicológica con quien podría ser su principal aliado, Unidas Podemos, para ver cuál de los dos partidos le tiene más miedo a una repetición electoral. Por ahora, ninguna de estas dos formaciones, pero tampoco el Partido Popular ni Ciudadanos, está dispuesta a hacer un mínimo esfuerzo para evitar volver a las urnas. Y eso, además de la posibilidad de que cambien las mayorías, significa que tendremos un gobierno en funciones hasta diciembre. Un ejecutivo que trabaja, pero que está limitado desde el punto de vista jurídico porque no puede tomar algunas decisiones, como transferir fondos a las comunidades autónomas, o sea, a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Y sin capacidad de liderazgo político, por su precaria mayoría y porque el Parlamento está atado de pies y manos hasta que haya Gobierno.

En estas circunstancias, España debe afrontar diversas turbulencias nada alentadoras en este otoño político. Las primeras llegan del exterior y tienen etiqueta económica. Los efectos del brexit salvaje que plantea Boris Johnson, de la guerra comercial que libra Estados Unidos con China y con el mundo entero, el riesgo de recesión en Alemania con Angela Merkel en la puerta de salida y la inestabilidad geopolítica son ingredientes que pueden acabar en una tormenta perfecta, ya veremos de qué intensidad. Pero en todo caso, España, si entra de nuevo en campaña electoral (sería la tercera este año) y sigue con un Gobierno en funciones, tendrá muy pocas herramientas para protegerse contra una recesión mundial y muy poca fuerza para determinar las contramedidas que se tomen en la Unión Europea.

La tormenta global parece inevitable, pero la falta de músculo en España sería perfectamente evitable si se hiciera un ejercicio de responsabilidad. Si no se pone remedio, las turbulencias internas derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, también las deberá afrontar un Gobierno precario, sin una mayoría estable sólida que puede dejar la respuesta a la reacción catalana, de facto, en manos de una alianza entre las tres formaciones políticas de la derecha.