Los 27 decidieron el miércoles no reconocer la legitimidad de los resultados de las elecciones presidenciales en Bielorrusia, que están siendo contestadas en las calles por la oposición al régimen de , con una participación que no parece encajar con los resultados presentados por el Gobierno (un 80% de apoyo al presidente). El gesto de la UE, acompañado de sanciones y de la redirección de las ayudas a Bielorrusia hacia las víctimas de la represión, ha servido a Lukashenko para agitar el fantasma de una intervención exterior, militar incluso, que no cabe en la imaginación de nadie. Aunque la UE haya sido prudente, por ejemplo a la hora de no pedir explícitamente una repetición de las elecciones sino «acompañar una transición de poder pacífica», para no dar motivos para un incremento de la represión. Esta supuesta amenaza exterior también ha estado presente en las conversaciones entre líderes europeos y el presidente ruso, Vladimir Putin , que considera «inaceptable» ejercer presión sobre Bielorrusia.

El hecho de que el interlocutor internacional en esta crisis sea el presidente ruso muestra hasta qué punto los movimientos de la comunidad internacional, e incluso la dinámica de la sociedad bielorrusa, van a pesar menos en cuál será la resolución que la decisión del Kremlin sobre el futuro de un país económicamente dependiente de Rusia.

El Gobierno bielorruso no parece tener la menor intención de aflojar su respuesta represiva. No está escrito que, pese a sentirse fuerte gracias al respaldo de Moscú, el régimen de Lukashenko sobreviva a esta crisis. Pero incluso si llega a producirse un cambio político, es difícil esperar que llegue sin la aprobación de Putin.

Todos los países europeos (ninguno como España) están viviendo un aumento de la circulación del covid-19 tras haber conseguido domeñar, a diferencia de EEUU o Brasil, la primera oleada. Era esperado y esperable que la movilidad veraniegay la vida social y nocturna en periodo vacacional diesen pie a rebrotes. También se confiaba en que las medidas a las que las comunidades se comprometieron tras el levantamiento del estado de alarma, especialmente el despliegue de un operativo de detección precoz dotado con miles de profesionales, permitieran ir detectándolos y atajándolos; en muchas autonomías este despliegue ha llegado no para evitar el rebrote sino para doblegarlo cuando ya se extendía.

Hace poco se hizo público un comunicado de varias sociedades médicas reclamando acciones coordinadas, lamentando que las ya tomadas llegasen tarde y alertando de que sin un golpe de timón podía producirse un colapso en los servicios sanitarios. Consultadas muchas de ellas después del acuerdo unánime, del ministerio y las consejerías de salud para activar nuevas restricciones, coinciden en valorarlas como positivas pero tardías e insuficientes.

Aún no hemos llegado al septiembre en que la actividad laboral se debería reactivar, han de abrir las escuelas y en algún momento la pandemia se solapará con la gripe. No nos podemos permitir descubrir entonces que las medidas que ya deberían estar aplicadas o en vías de adopción (el funcionamiento eficaz de la app de rastreo o un protocolo eficaz para el regreso a las clases) son solo una promesa.