Cuando estamos en una situación tan caótica como la actual, en la que tenemos una inmensidad de planes generales en trámite, todavía sin aprobar, e innumerables planes ni sin desarrollar aún o a medio desarrollar (lo cual es peor).
Cuando estamos con una administración pública bloqueada por las inseguridades que provocan los equipos de gobierno novatos y los funcionarios que no se atreven a informar y hacer propuestas por si acaso se engañan o incurren en una hipotética “prevaricación” de salón. En este momento tan delicado es cuando deberíamos hacer algo.
A mí se me ocurre que deberíamos arbitrar un urbanismo de transición por el que se suavizaran las interpretaciones ultra-rígidas de las leyes, que impiden a los ayuntamientos y a la Generalitat valenciana autorizar inversiones en zonas en las que, solo la inoperatividad de la propia administración, y su incapacidad para gestionar su propio territorio, impide que se pongan en funcionamiento en un tiempo más o menos razonable de un año (que ya me parece un exceso).
No estoy diciendo que se otorguen licencias ilegales. Ni mucho menos. Sino que si un suelo es el adecuado para que se instale una actividad, tiene casi todos los servicios necesarios, o puede llegar a tenerlos por sistemas alternativos (por ejemplo, a falta de alcantarillado instalando una depuradora propia) ¿por qué vamos a oponernos a su instalación o a su regularización? H
*Abogado. Urbanista
