La accesibilidad, englobada dentro de las políticas de respeto a los derechos de las personas con discapacidad, fue incluida en el marco normativo español en el último tercio del siglo XX. A medida que esta visión ha ido cambiando y se ha ido aceptando que es la sociedad la que tiene la responsabilidad y la capacidad de crear entornos utilizables para todas las personas, más allá de sus aptitudes y capacidades, se ha producido una respuesta en forma de leyes que conforman el panorama legislativo actual.

PERO MIENTRAS las personas con discapacidad «entren por una puerta distinta», esta sociedad no habrá conseguido ser justa para todas las personas.

En los últimos años, se ha producido un cambio cualitativo, de suma im­portancia, en el enfoque hacia la discapacidad, una realidad social que en el conjunto de España abarca al 9% de la población, es decir, a casi cuatro millones de personas.

Este cambio ha consistido en pasar a considerar la discapacidad desde la óptica de los derechos. Atrás quedaron, felizmente, las épocas en las que la discapacidad era vista y abordada como una cuestión de caridad, de beneficencia, de sensibilidad, de mera buena voluntad. Hoy entendemos la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, de derechos huma­nos fundamentales, de los que son titulares las personas con discapacidad.

ESTE CAMBIO de concepto y perspectiva es especialmente visible en lo referido a la accesibilidad, es decir, a las condiciones que han de reunir los entornos, productos, bienes y servicios, a disposición del público, para que puedan ser usados por las personas con discapacidad con normalidad y regularidad.

Las corporaciones locales (fundamentalmente, los ayuntamientos) tienen ciertas competencias en la regulación de las condiciones de accesibilidad aplicables en su término municipal. A través de las denominadas ordenan­zas municipales, los ayuntamientos pueden concretar o a veces ampliar la normativa emanada del Estado o de las comunidades autónomas, por lo que son considerados como poder público productor de derecho, aunque sea residualmente, en materias de accesibilidad.

Además, disponen de atribuciones en cuestiones de política y policía ur­banísticas, lo que les confiere también la posibilidad --escasamente ejercida, hay que decir-- de fiscalizar, supervisar y sancionar, en su caso, aquellas actuaciones contrarias a la eliminación de barreras.

Para conseguir «utilizar la misma puerta», debemos ir adaptando los edificios públicos a cualquier discapacidad, debiendo cumplir la normativa vigente en la que se obliga a todos los edificios y servicios públicos a estar adaptados y ser accesibles para todas las personas.

Puede ser un escalón, pero también una web no adaptada o un cartel demasiado pequeño. Pueden manifestarse en forma de señal de aseo público indescifrable, de menú incomprensible o de que un mostrador gigante no permita a un conserje ver a una persona muy baja. Las barreras a la accesibilidad son muchas y en ocasiones no se ven, sobre todo con los ojos de una persona sin discapacidad. Pero están ahí.

CADA 3 DE DICIEMBRE se conmemora mundialmente el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y la efeméride persigue el objetivo de la inclusión y la difusión para evitar que las barreras culturales sigan dejando de lado a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Incluir a personas con discapacidades en las actividades cotidianas y animarlas a que tengan roles similares a los de sus compañeros que no tienen una discapacidad es lo que se conoce como inclusión de personas con discapacidad. Todos los días deberían ser 3 de diciembre.

Como dijo en su día el reconocido físico-teórico británico Stephen Hawking, «la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Yo mismo he sufrido una neuropatía motora durante la casi totalidad de mi vida adulta, y no por ello he dejado de desarrollar una destacada carrera profesional como astrofísico y de tener una feliz vida familiar».

En el mundo de la discapacidad, todos deben intervenir: gobiernos, medios de comunicación, asociaciones, normativas, la sociedad en general, y deben hacer un esfuerzo por referirse a las personas con discapacidad de forma correcta, ya que la importancia de la palabra en el trato hacia personas con discapacidad se ha de tener siempre presente y respetar el lenguaje que se emplea. Y cuánta importancia tiene la palabra en el trato hacia personas con discapacidad y, la palabra, es la «primera de las puertas que han de sortear» para intentar que «entremos todos por una misma puerta».

Y TAMBIÉN otra cosa que pediría a los políticos: hagamos políticas inclusivas, pero no hagamos política de la discapacidad. No son solo un puñado de votos.

Defendamos y apostemos por conseguir la accesibilidad universal, donde todos quepamos por las mismas puertas.

*Presidente de la Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas de Castelló (Coasveca)