Economía sumergida o precariedad no son palabras nuevas, pero la pandemia las ha desnudado de cualquier artificio y las muestra en toda su crudeza. No hay posibilidad de seguir ignorando la realidad de cientos de miles de personas que viven desprotegidas, víctimas de una legislación que les niega una vida digna o de unas empresas que se aprovechan de la inclemencia del mercado laboral. La desigualdad se extiende como un síntoma epidémico más del covid-19 y suma dificultades a su control.

Las entidades sociales fueron las primeras en detectar el incremento de personas que requerían sus servicios. La afluencia a los bancos de alimentos -las colas del hambre- remitía a los momentos más duros de la anterior crisis económica. Ahora, la dificultad para realizar cribados masivos ha puesto en jaque el control de la pandemia. Son demasiados los que se niegan a someterse a una prueba PCR porque, simplemente, no pueden enfrentarse a un resultado positivo. Está en juego su subsistencia. Muchos son inmigrantes sin documentación y, en consecuencia, sin permiso de trabajo que se ven obligados a trabajar en la economía sumergida. No hay protección. Si no trabajan, no cobran. Buena parte de ellos viven en condiciones inhumanas, sin acceso al padrón y, por tanto, sin tarjeta sanitaria. La Generalitat calcula que puede haber 100.000 personas en esta situación de invisibilidad.

La situación de intemperie también se da en otros colectivos. Hay personas con documentación y contrato de trabajo sometidas a unas condiciones laborales reales muy alejadas de las estipuladas y próximas a la explotación. Si se ausentan del empleo, se exponen a perderlo. También se hallan al límite ciudadanos que podrían acceder a ayudas sociales como el ingreso mínimo vital o la renta garantizada, pero que son víctimas del retraso administrativo y necesitan ingresar dinero como sea.

Las cifras de la economía sumergida oscilan entre el 25% del PIB español que señala la patronal catalana Foment del Treball o el 11,2% que apunta, a partir de datos del FMI, la Agencia Tributaria. Este organismo afloró 15.715 millones en el 2019. Son cifras inaceptables que no solo lastran la economía del país, sino que tienen un coste social inasumible. Combatir la economía sumergida y mejorar las condiciones de los trabajadores son deberes pendientes que ahora cobran una mayor urgencia. La pandemia ha desvelado que la desprotección de unos cuantos es la desprotección de todos. Frenar la miseria también contribuye a frenar el virus.