La historia del corredor ferroviario mediterráneo es la de la tenaz pugna por un objetivo tan razonable como espurios son los obstáculos que se colocan en su camino. Un nuevo acto de queja colectiva ha vuelto a poner de manifiesto, ayer en Tarragona, el escandaloso retraso de una infraestructura que es clave para el futuro económico del arco mediterráneo español. Y, como en las anteriores ocasiones, la irritación tiene por destinataria la Administración central, extremadamente renuente a agilizar el corredor, que, contrariamente a lo que estaba previsto, no estará completo en el 2020. Peor aún: la Generalitat valenciana ha descubierto y denunciado que fondos europeos destinados al corredor están siendo empleados por el Gobierno central para pagar una obra ferroviaria en la capital de España relacionada con la variante Algeciras-Madrid-Valencia del eje Algeciras-Portbou.

Si ese ramal ya era dudoso que tuviera que formar parte de la red, que se le dé prioridad frente al trazado principal que debe discurrir en paralelo a la costa, donde se concentra la actividad productiva, no hace más que confirmar que el centralismo persiste ferozmente y que, contra toda sensatez, se siguen dedicando ingentes recursos a mantener la decimonónica España radial en lugar de articular la España en red que la realidad económica del siglo XXI demanda. Una caduca opción que se sustenta en una concepción periclitada e ineficiente del país, incapaz de concebir que Madrid no es el origen y el final de todo proyecto.

Comunitat Valenciana, Cataluña y Murcia concentran el 40% de las exportaciones españolas y el 37% del valor añadido industrial de toda España. Retrasar el corredor mediterráneo es abocar a esas tres comunidades mecionadas --y a Andalucía, extremo de la línea-- a una lenta asfixia producto de la desigualdad de oportunidades para competir en un mercado cada vez más globalizado. Y ese menoscabo perjudica también al conjunto de la economía española, aunque la altanería política impida a algunos reconocerlo. Ayer mismo en Tarragona protestaron unidos 300 empresarios valencianos y catalanes, y solo quien quiera engañarse verá en esa iniciativa una maniobra de desprestigio del Partido Popular o de afirmación del soberanismo catalán. Todo es mucho más sencillo: el Corredor Mediterráneo se basa en la lógica de la inversión productiva.