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Opinión

 

A fondo

Ximo Puig y el acoso a la provincia

El presidente debe saber que España es lo que importa cuando estamos saliendo de una crisis

 

Ximo Puig y el acoso a la provincia -

JOAQUÍN Farnós Gauchía
25/06/2017

La mayoría de parlamentarios constituyentes en la primera legislatura de la Democracia (1977-1978) nos opusimos a cambiar la provincia y su órgano de gobierno que es la diputación provincial por las comarcas o veguerías como las titulan los catalanes. Recuerdo que pasé todo el verano de 1978 defendiendo que en el título VIII de la Constitución recogiera fielmente la división provincial vigente desde el lejano año de 1837. También en el artículo 137 que dice que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas.

Todas estas entidades administrativas en las que se organiza el Estado gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. La Constitución permite la creación de agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. Nada dice la Constitución de sustituir la provincia por comarcas, esa otra administración territorial que quieren imponer los nacionalistas y los partidos de la izquierda como el PSOE y Podemos para acabar con las provincias y sus diputaciones. Este es uno de los tantos absurdos con los que nos sorprende cada día el debate político. Los municipios se pueden mancomunar para la prestación de un servicio como, por ejemplo, la Mancomunidad Turística del Maestrazgo que durante años ha promocionado el interior de las provincias de Castellón y Teruel. Este ente, modélico por tantas razones, ha sido gestionado por las diputaciones de ambas provincias. Recuerdo con cariño y orgullo la gran labor que se realizó en la primera legislatura de la democracia en las corporaciones locales cuando la Mancomunidad fue presidida de forma rotatoria por el presidente de la Diputación de Teruel, que fue el recordado Román Alcalá, y por mí mismo, como titular de la corporación castellonense. Y siguiendo siempre el sabio consejo de su gerente que fue Ángel Alloza, un enamorado como pocos de las provincias de Castellón y Teruel.

Me es difícil de entender cómo el actual presidente de la Generalitat Valenciana, el morellano Ximo Puig, sigue pertinaz en su idea de «comarcalizar» la estructura administrativa valenciana que supondría crear no menos de 25 nuevas comarcas con sus órganos de gobierno, funcionarios, sedes, infraestructuras, coches oficiales y demás que iban a suponer un coste inasumible para los valencianos. Y es difícil de entender cómo un castellonense, Ximo Puig, alcalde que fue de uno de los municipios más emblemáticos de nuestra provincia, quiera acabar con ella tras casi doscientos años de historia.

El presidente Puig debe saber que España es lo que importa en estos momentos cuando estamos saliendo de una crisis. No es comprensible que un presidente de la comunidad autónoma, máximo representante del Estado en nuestro territorio, quiera cargarse la provincia y no respete la Constitución, que en su artículo 3 dice que el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber y el derecho de usar la lengua oficial, y en el artículo 2 dice también que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus respectivos estatutos de autonomía. Me parece bien conservar el valenciano, y así lo he defendido siempre en mi etapa como parlamentario en las Cortes Valencianas, pero no a costa de que nuestros hijos y nietos hablen un mal castellano y usted impida que estudien inglés o francés si no lo hacen junto al valenciano, en una clara forma de coacción. Le recomiendo al president que estudie la Constitución tras años de responsabilidades públicas en los que su modus vivendi ha sido únicamente la política.

*Senador constituyente (1977-1978) y presidente de la Diputación provincial (1979-1983)