Usted podría quedarse de brazos cruzados mientras quien tiene su dinero se niega a devolvérselo? ¿acaso no emplearía todos los medios a su alcance para intentar cobrarlo? La respuesta es evidente para cualquiera menos para Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, que no quiere solicitar al Estado la devolución de los 281 millones de euros del IVA del mes de diciembre de 2017 que nos pertenecen y que tenían que haber ingresado en 2019. Nadie en su sano juicio renunciaría sin más a ingresar unas cantidades previstas en su deficitaria economía anual. Otras comunidades autónomas, incluida alguna gobernada también por socialistas, han anunciado la presentación de recursos en los tribunales para recuperar lo que es suyo.
Pero Puig calla. Pega la cabotá ante su jefe Sánchez o, como bien escribió en estas mismas páginas mi compañera Elena Vicente, hace un mannequin challenge esperando que pase la tempestad. Antepone su condición de socialista a la de valenciano. Prefiere ser secretario general del PSPV antes que presidente de todos los castellonenses, alicantinos y valencianos.
El problema es que ese dinero que Puig no quiere reclamar por su sectarismo es vital para pagar servicios sociales públicos que se están dejando de prestar por impago, falta de liquidez y mala gestión. Con esa cantidad, por ejemplo, se podrían construir más de cien centros escolares y acabar con los alumnos en barracones. Se podría terminar con las listas de espera quirúrgicas que, en la sanidad valenciana, llegan a ser de hasta un año para ser operado. Se podría contratar centenares de médicos para cubrir las vacantes en los centros de salud, acabar con la lista de espera en la dependencia, pagar las deudas contraídas con los agricultores a los que este Consell ha abandonado, con los centros de menores, con las residencias de mayores, con los colegios o con las personas con discapacidad. Pero Puig prefiere callar. Se olvida de la noble causa de la defensa de nuestros intereses, condenando a la ruina a nuestra tierra.
Las cortinas de humo de las propuestas planteadas por la ministra de Hacienda en el CPFF ya no valen. Por eso no nos dejan otra opción que acudir a los tribunales para defender lo que nos pertenece. Todos recordamos cuando, con el Gobierno de Rajoy, Puig y Oltra anunciaban impugnaciones y denuncias ante el Tribunal Constitucional. Ahora enmudecen. Incluso Compromís, tan reivindicativo antes, se ha puesto de perfil. Ya no se indignan, montan pollos ni hablan del cambio de modelo de financiación.
El pasado lunes también remitimos al presidente del Consell un requerimiento para que apruebe reclamar formalmente al Gobierno de Sánchez ese pago. Debería hacerlo en el pleno del Consell del próximo viernes porque los cuatro años de prescripción se cumplen en enero y, si no lo hace, Puig podría incurrir en responsabilidad contable. El presidente de la Generalitat tiene un compromiso con los ciudadanos valencianos y debe responder de esta escandalosa dejación de funciones. Él, como siempre, no hará nada y continuará hibernando, intentando desviar la atención, pero nosotros, por responsabilidad, no podemos quedarnos quietos. Llegaremos hasta donde haga falta para reclamar nuestro dinero.
*Presidenta del PPCV
