“Nosotros estaremos ahí”. En Colombia, el país que más está sufriendo el éxodo de venezolanos a raíz de la crisis política y económica, un fenómeno sin precedentes en América Latina que ya afecta a más de dos millones de personas, Pedro Sánchez quiso transmitir este jueves que el Gobierno no mira hacia otro lado. El jefe del Ejecutivo busca implicar a España en la ayuda, sobre todo a través de la UE, evitando por el camino extremar en exceso el tono frente a Nicolás Maduro. Pero el líder socialista juzgó a su homólogo del país latinoamericano. Venezuela, dijo Sánchez junto al presidente colombiano, Iván Duque, “no puede ser” considerada como una “democracia” porque “tiene presos políticos, tiene encarcelados por sus ideas”.

Duque, de ideología conservadora, había sido antes mucho más duro, tachando al país gobernado por Maduro de “dictadura oprobiosa”. El Ejecutivo español no descarta ser más contundente, pero no en Colombia, cuyas relaciones con Venezuela están presididas por la tensión. “Si lo hacemos, lo haremos en España”, explicaron fuentes de la Moncloa.

Aun así, Sánchez ha ido endureciendo el tono con Venezuela en esta, su primera gira latinoamericana, que le ha llevado a Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica. El lunes pasado, en Santiago de Chile, el jefe del Ejecutivo español fue cauto: se limitó a subrayar la necesidad de un “diálogo entre venezolanos” y dejó claro que no aspiraba a ninguna “injerencia”.

Un tema casi doméstico

La crisis venezolana forma parte del debate político en España, casi como si fuera un asunto doméstico, debido en gran parte a los antiguos vínculos de Podemos con el chavismo, el férreo apoyo de Ciudadanos a la oposición del país latinoamericano y los intentos de mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se encuentran en vía muerta. El Gobierno insiste en el “diálogo” como única salida, más allá de que Sánchez, poco después de llegar a la Moncloa, aprobase la última ronda de sanciones a Caracas por parte de la UE.

Pero la posición española no pasa por más sanciones, y mucho menos por medidas tan drásticas como denunciar a Nicolás Maduro ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), como proponen varios países latinoamericanos. “La crisis se tiene que resolver entre venezolanos”, dijo Sánchez, que presentó como una novedad la aprobación en la UE de un fondo de 35 millones de euros en ayuda humanitaria. En realidad, el paquete fue anunciado en junio.

Ningún país se ve tan afectado por esta crisis como Colombia. De los 2,3 millones de personas que se calcula han abandonado Venezuela, 1,2 millones se han desplazado a Colombia. España, en este sentido, quiere colaborar en la respuesta humanitaria, algo que Sánchez trasladó a Duque durante su reunión en Bogotá. “Nosotros estaremos ahí”, insistió el líder socialista.

Conversaciones con la guerrilla

Los acuerdos de paz en Colombia, y los interrogantes que planean sobre ellos, también formaron parte de la reunión. Duque ganó las recientes elecciones presidenciales, el pasado 27 de mayo, con un discurso crítico con los pactos firmados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

España, sin embargo, confía en que respetará los elementos esenciales del pacto alcanzado por su antecesor, Juan Manuel Santos. “Habrá que juzgarle por lo que hace, no por lo que dice”, señalaron fuentes diplomáticas. El Ejecutivo de Sánchez, al mismo tiempo, quiere tener un rol en las posibles negociaciones con la otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de tamaño mucho menor que las FARC. Aspira a ser “facilitador” en las conversaciones, haciendo de intermediario si es preciso, y también ha ofrecido España como sede de esas hipotéticas citas. Desde el 2015, España ha aportado por sí misma 19 millones de euros al proceso de paz y otros tres millones a través de fondos de la UE.

Duque agradeció el gesto, pero dejó claro que las negociaciones solo tendrían lugar si la guerrilla libera a las decenas de secuestrados que tiene en su poder.