Si después de la crisis se mantiene la situación de vulnerabilidad de los inquilinos, el Estado pagará el alquiler (la deuda que aún siga viva). Hasta 900 euros al mes y 200 euros de suministros del hogar. El objetivo del Gobierno, según expuso ayer el vicepresidente segundo, Pablo Igleisas, es que ninguna persona tenga que perder su vivienda por esta crisis sanitaria.

Los grandes propietarios deberán ofrecer moratoria del alquiler por cuatro meses para los inquilinos vulnerables. Estos tendrán hasta 10 años para devolver el dinero, si no pueden, los propietarios deberán ofrecer una quita del 50% o reestructuración de la deuda. Los inquilinos de pequeños tenedores tendrán acceso a minicréditos del ICO para pagar el alquiler.

El Gobierno ha aprobado una moratoria para las hipotecas de inmuebles en los que se realice una actividad económica. Se amplía dicha medida también para locales y oficinas de autónomos y se simplifican los criterios de vulnerabilidad para que no den lugar a interpretaciones que limiten derechos, como piden los consumidores.

Los autónomos y las pequeñas y medianas empresas podrán retrasar en seis meses el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Además, se les permitirá aplazar el desembolso de las deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio del 2020 y se establece una moratoria «sin intereses» por los días trabajados en el mes de marzo.