El Gobierno ha dado un paso importante para hacer frente a la masiva llegada de menores extranjeros no acompañados (mena), que había desbordado la capacidad de la red de acogida. El Ejecutivo habilitará una partida económica de 40 millones de euros que se destinarán a las autonomías que han registrado un aumento de esos niños desde el pasado 1 de enero y a las que acepten recibirlos a partir de ahora, como gesto voluntario de solidaridad. La medida beneficiará sobre todo a Andalucía, Cataluña, Ceuta y Melilla, que no solo verán aliviada su factura económica, sino que podrán aligerar la carga que soportan actualmente sus colapsados servicios.

La ayuda, acordada ayer en la Mesa de Coordinación Interautonómica, fue anunciada por la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Carmen Montón, que calcula en unas seis semanas el período de tramitación del real decreto que la establecerá. Su vigencia será de seis meses.

VOLUNTARIEDAD // Las comunidades que soportan casi todo el peso de las llegadas venían reclamando un reparto equitativo entre comunidades y mayor apoyo económico. Con la medida, el Ejecutivo pretende satisfacer ambas cuestiones. Aunque el reparto queda supeditado a la voluntad de las comunidades, se confía en que el apoyo económico incentive su espíritu solidario.

El reparto no puede ser obligatorio porque la Constitución lo impide. Los servicios sociales son competencia de las autonomías. Las autonomías disponen ahora de un plazo de 15 días para comunicar cuantos menores estarían dispuestas a acoger.

La reunión se ha realizado un mes después de que diversas autonomías mostraran su rechazo al reparto de menores. En aquella ocasión, Andalucía y Cataluña lanzaron un llamamiento pidiendo la solidaridad de otros territorios, después de informar de que sus centros de acogida de menores están desbordados.

Las propuestas de las regiones que se presten a acoger menores serán evaluadas por el Gobierno central antes de autorizar el desembolso de fondos «a fin de que se cumplan los requisitos adecuados de calidad». Una vez fijado el número de menores por comunidad, se repartirán estos 40 millones en forma de anticipo de crédito a las autonomías.