Lucía, Carlos, Sofía… son personas que han denunciado abusos sexuales y que vieron su infancia devastada con la fuerza de un tsunami debido a las agresiones. Entre el 10% y el 20% de la población española ha sufrido este tipo de vejaciones cuando era menor de edad. Estos nombres y estos datos están recogidos en el informe 'Ojos que no quieren ver', que ha presentado este miércoles en Madrid la oenegé Save the Children. La organización se pregunta: "¿Qué ha fallado?"
El demoledor estudio sobre 'Los abusos sexuales a niños y niñas en España y los fallos del sistema' analiza más de 200 sentencias judiciales, emitidas desde octubre del 2012 hasta diciembre del 2016, y concluye que "denunciar y llevar el caso a los tribunales tampoco es una garantía de protección para el menor".
Los datos corroboran esta afirmación, ya que el 72,2% de los procesos judiciales abiertos en España por abusos sexuales a un menor se acaban archivando por falta de pruebas. "Es la palabra del agresor contra la de la víctima", explica Emilie Rivas, técnica de políticas de infancia de la oenegé en Cataluña.
Al margen del análisis quedan las denuncias archivadas por prescripción del delito.
REPETIR LA DECLARACIÓN
Sufrir agresiones sexuales provoca graves efectos emocionales (depresión, ansiedad), sexuales (masturbación compulsiva) y sociales (conductas antisociales). Y por si esto no fuera suficiente para las víctimas, el proceso judicial supone un descenso a los infiernos. Save the Children constata que la causa judicial se dilata en el tiempo, ya que dura una media de tres años. El suplicio además de ser largo resulta tremendamente doloroso porque "la víctima ha de repetir su declaración hasta cuatro veces y en la mayoría de los casos en juicios a puerta abierta", revela el informe. Rivas reclama que España copie el ejemplo de Estados Unidos, donde en los años 80 se implantaron las denominadas Casas de Niños, un espacio multidisciplinar donde la víctima declara solo una vez ante distintos organismos e instituciones y además allí comienza la rehabilitación. Únicamente en el 36% de las sentencias se ha aceptado el testimonio grabado que evita el trauma que supone repetir la declaración.
Las situaciones provocan que los testimonios de los menores no suelan tenerse en cuenta. Para que su declaración se considere válida tiene que cumplir tres condiciones. Según el informe: "No ha de haber retractación ni interés en mentir y debe haber alguna manera de corroborar la declaración". Estos requisitos resultan casi imposibles porque los niños suelen retractarse ya que temen la reacción de los adultos o las consecuencias penales, y debido a que no suele haber testimonios de los abusos, la credibilidad "recae en manos de los psicólogos forenses que en muchas ocasiones no utilizan métodos científicos en el proceso", señala la oenegé.
Las sentencias revelan que solo el 15% de los casos denunciados por los niños a sus profesores se notifican a los organismos competentes, asegura Andrés Conde, director general de Save the Children. Por ello, considera que "es imprescindible que los centros educativos cuenten con protocolos específicos que se activen ante cualquier sospecha".
ERRORES DE LA ADMINISTRACIÓN
El informe apunta que la causa de que no se detecten los abusos y que se alarguen durante años se debe "a una serie de errores y debilidades de las Administraciones en prevención y detección, así como en el proceso judicial y en la atención y tratamiento psicológico a las víctimas". Solo cinco comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía, Baleares, Madrid y Valencia tienen un servicio gratuito y universal para las víctimas de abusos.
Los abusadores eligen a las víctimas entre los colectivos más vulnerables. Los agredidos suelen ser personas con poca confianza en sí mismos, pertenecen a hogares donde no existe la figura del adulto protector o tienen discapacidad intelectual. Las agresiones suelen durar una media de cuatro años.
Hay diferencias según el sexo. Los niños la padecen entre los 11 y los 12 años y el pederasta suele ser un conocido con autoridad (entrenador deportivo, profesor, monitor). La violencia en las niñas comienza a detectarse entre los 7 y los 9 años y su agresor suele pertenecer al entorno familiar.
