Una sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona considera que un hombre de 59 años, vecino de Sant Pere de Ribes (Barcelona), cometió únicamente un delito de «abusos sexuales con acceso carnal» cuando penetró a su sobrina, de 16 años, «en estado de shock». El tribunal, que está formado por las magistradas María José Magaldi, María del Carmen Hita y Rosa Fernández de Palma, ha condenado a F.M.P. a seis años y seis meses de prisión, prohibición de aproximarse a menos de 1.000 metros de la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio durante los cinco años posteriores a la duración de la pena de prisión.

La sentencia reconoce que la relación se produjo «prevaliéndose» de la «situación de superioridad psicológica» a causa del vínculo familiar entre tío y sobrina y de la diferencia de edad, por lo que no puede considerarse que se tratase de una relación sexual consentida a pesar de que existiese, según las magistradas.

PETICIÓN FISCAL // El fiscal había reclamado una pena de 14 años de prisión por delito de «agresión sexual con penetración», y la acusación particular, 16 años, pero el tribunal considera que ya que no hubo «empleo de fuerza física por parte del procesado», ni «tampoco la amenazó». De nuevo, como en el caso de la Manada, una fina línea separa la agresión sexual y la violación del abuso, que conlleva penas menores.

Y en medio de la polémica judicial, seis mujeres se incorporarán finalmente a la comisión encargada de estudiar cómo el Código Penal debe recoger los delitos de agresión sexual y abuso, a pesar de que en un principio el comité parecía que iba a estar integrado solo por hombres. El presidente de la sección cuarta de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, a la que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, encargó la revisión después de la sentencia de la Manada, precisó que serán mujeres expertas juristas.

El presidente de la sección, Esteban Mestre, explicó que comisión estaba compuesta por 20 hombres, algo que había indignado a partidos políticos y las organizaciones feministas, que no entendían que la revisión se realizara sin contar con expertas.