Acuerdo en el seno del Gobierno para avanzar la puesta en marcha del ingreso mínimo vital al mes de mayo. Así lo pactaron el presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, que tienen previsto anunciar hoy en rueda de prensa más detalles de la entrada en vigor de esta medida; según confirmaron fuentes de la vicepresidencia segunda. Este ingreso mínimo vital es una medida que está perfilando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que prevé beneficiar a cerca de un millón de hogares, según detalló ayer el ministro José Luís Escrivá en el Congreso.

Escrivá avanzó, sin querer concretar fecha, que la entrada en vigor del ingreso mínimo vital era cuestión de «muy pocas semanas». La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, lo emplazó el pasado martes a unos «pocos meses» y, finalmente, su implementación será en mayo según la versión ofrecida desde el equipo de Pablo Iglesias. El pacto entre los líderes del PSOE y UP cierra así un foco de tensiones durante las últimas semanas en el seno del Ejecuivo.

dos facciones / Una pugna que hasta ahora había fluctuado entre dos facciones. Los que abogaban por una renta mínima transitoria -entre los que se contaba Iglesias- hasta que estuviera listo ese ingreso mínimo vital definitivo, y los que defiendían apostar directamente por el proyecto de ingreso mínimo, aunque ello implicara postergar su implementación. Finalmente, la solución que se ha impuesto entre los socios de Gobierno ha sido la de acelerar esa segunda vía.

El ingreso mínimo vital pretende llegar donde hasta ahora no ha llegado el escudo social contra los efectos económicos del coronavirus que el Ejecutivo ha ido desplegando por fases.

Unos 6,3 millones de personas se han beneficiado o se beneficiarán de la protección especial habilitada en los ERTE, de las prestaciones por cese de actividad para los trabajadores autónomos o de los subsidios especiales para nuevos parados. Todas esas medidas estatales persiguen «proteger las rentas», pero excluyen a muchos de los colectivos con una relación más débil, o directamente inexistente, con el mercado laboral formal.

Un millón de familias pretende incorporar el Gobierno a ese escudo social con el nuevo ingreso mínimo vital. 100.000 de estas monoparentales. De las 18,6 millones de unidades familiares que hay en España, según el INE. Este nuevo subsidio, que ya estaba en el acuerdo de Gobierno para la legisltaura y cuya implementación ha acelerado la irrupción del covid-19, será compatible con el resto de rentas mínimas o pagos similares que actualmente ya existen en muchas de las comunidades autónomas.

El ministro Escrivá concretó ayer algunos detalles de la medida. El subsidio se articulará con la unidad familiar como base, no así el individuo, y se beneficiará en mayor medida «en función de la estructura del hogar». Como ejemplo puso las familias monoparentales, beneficiarias prioritarias de dicho subsidio.

Escrivá también explicó que será compatible con otras prestaciones que ya están en marcha en muchas de las comunidades. No obstante, el modelo sobre el que trabaja el departamento del ministro toma como referentes los ya vigentes en País Vasco, Navarra o Asturias; pues considera que han demostrado mejores resultados en cuanto a definir con mayor precisión los itinerarios de inclusión de los receptores y los incentivos a la incorporación al mercado laboral.

PRESTACIÓN / Sobre lo que no facilitó detalles Escrivá es sobre la cuantía de la prestación. Sí dijo que el monto a percibir tendrá en cuenta, de la misma manera que es compatible, otros subsidios ya percibidos por el potencial beneficiario y que tomará como referencia que la unidad familiar alcance con el conjunto de los pagos un umbral de ingresos.

Para poder concretar más detalles sobre la cuantía de la nueva prestación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está cruzando información con la Agencia Tributaria y «en muy pocas semanas», según afirmó Escrivá, ofrecerán datos más específicos.