El Tribunal Supremo (TS) ha admitido el recurso de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), que representa a 3.000 trabajadores, contra el acuerdo del Gobierno central y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en el que aprobaron la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2017.
Este paso del tribunal permitirá al colectivo pedir la paralización de la OPE y las convocatorias ligadas a su aprobación, ya que no tendrían en cuenta que muchos de los interinos llevan en esos puestos más de tres años, lo que conlleva un reconocimiento de derechos laborales negado hasta ahora por administración y sindicatos.
Esta asociación denunció ante la Comisión Europea los «graves incumplimientos» en materia de una trasposición que afectaría a 700.000 personas que ven peligrar su puesto de trabajo sin el reconocimiento de derechos.
Entre los más de 3.000 interinos que impulsan la demanda hay profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de los de Canarias, Extremadura, Galicia y Madrid, personal de Educación de Castilla y León, Comunitat Valenciana, Andalucía o Murcia y de ayuntamientos como los de Zaragoza, Málaga, Madrid, València o Elche. Se han sumado, además, interinos de los ministerios de Defensa y Justicia.
