El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, se mostró ayer contrario a la decisión del Ministerio de Hacienda de que el gasto en tratamientos para la hepatitis C compute dentro del déficit autonómico al admitir que le gustaría que no lo hiciera, pero ha recordado que no puede discutir las normas de contabilidad.

El ministro se situó así del lado de las comunidades autónomas que han rechazado la decisión del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se produce después de que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se comprometiese a que no computase en una rueda de prensa en la que también estaba presente Alonso.

“No puedo discutir las normas de contabilidad y al final esto lo determina el Gobierno, los de Hacienda y las cosas son así”, dijo el ministro tras el Consejo Interterritorial de Salud, en el que se abordó este asunto a petición de las comunidades a pesar de que no figuraba en el orden del día.

Otro de los asuntos sobre el que también hubo controversia entre las comunidades y el Ministerio fue el real decreto sobre prescripción enfermera. Las autonomías socialistas pidieron su derogación, pero el ministro se mostró contrario a ello y anunció que convocará en “breve” al Foro de las Profesiones, en el que están representados médicos, enfermeros, CCAA y Ministerio, para tratar de encontrar cauces de diálogo y “espacios de conciliación”.

CONFLICTO // Las comunidades gobernadas por el PSOE consideran que ese decreto ha provocado un conflicto entre enfermeros y médicos. El consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, que ejerció de portavoz de estas comunidades, aseguró que solicitan “abiertamente la derogación porque establece una importante inseguridad” a los enfermeros y crea un “conflicto” entre estos y los médicos.

Además, según explicó el consejero extremeño, el real decreto se ha aprobado en contra de sectores y profesionales, por lo que las autonomías socialistas creen que deben plantear su situación.

Los consejeros socialistas también creen “absolutamente insuficiente” la propuesta de Sanidad de repartir entre las autonomías más de un millón de euros para la atención sanitaria a los refugiados, ya que solo supondría 60 euros por persona y año.

Respecto al plan nacional de preparación y respuesta ante enfermedades transmitidas por vectores: dengue, chikungunya y zika, incluido también en el orden del día, las comunidades consideran que invade competencias de las administraciones locales.

Las autonomías socialistas también votaron en contra del proyecto de real decreto planteado por el Ministerio de Sanidad por el que se regula el procedimiento de autorización para la realización de actividades de promoción y publicidad de la donación de células y tejidos humanos. H