La Junta de Andalucía da por "controlado" el brote de listeriosis vinculado al consumo de carne mechada y que provocó una alerta sanitaria a mediados del pasado mes de agosto. Aunque se han confirmado dos nuevos casos en Sevilla, que eleva el total de afectados a 203 enfermos en Andalucía (210 en todo el país), la administración regional hace hincapié en que en los últimos días las cifras de nuevos infectados y hospitalizados van a la baja, y en la última semana se circunscriben solo a la provincia sevillana, donde se inició la infección.

Con el brote en remisión tras cobrarse la vida de tres personas y provocar cinco abortos, el presidente autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla, defendió este lunes el tratamiento “serio y riguroso” de su ejecutivo del caso, centrado en evitar “el alarmismo innecesario o la falta de rigor” que habrían podido “llevarse por delante” al sector cárnico. Y abogó por recentralizar las competencias en salud pública que tienen derivadas varios ayuntamientos, como el de Sevilla, a fin de crear una “autoridad única”.

El consistorio sevillano es quien tiene las competencias para realizar los controles a las empresas alimentarias, y al que tanto Junta como PP consideran responsable de las irregularidades de Magrudis, la empresa donde se inició la crisis. Este lunes, Moreno Bonilla presumió de haber decretado la alerta con los primeros análisis, y aunque evitó hablar de descoordinación, sí concedió que la “bicefalia no tiene sentido” en un tema “tan sensible como la salud pública”. Por eso, anunció que se entablarán conversaciones con los tres ayuntamientos que tienen estas competencias para coordinarlas o recentralizarlas en un mando único con la Junta al frente.

El gobierno andaluz empieza a respirar un poco más tranquilo, dado que “la evolución del número de casos nuevos diarios se ha reducido de manera significativa y sostenida desde el día 23 de agosto”, y además “no se ha producido ningún nuevo caso de infección fuera de la provincia de Sevilla”. Según los datos facilitados por la Consejería de Salud, el domingo por la tarde eran 55 las personas ingresadas -cuatro de ellas en la UCI-- por infección o sospecha de infección por listeria monocytogenes, un 9,8% menos que la jornada anterior y que están respondiendo bien al tratamiento sanitario.

De los afectados, 21 son mujeres embarazadas. Tras los abortos registrados la pasada semana, no se han producido abortos ni recién nacidos con infección, mientras que el bebé diagnosticado con listeriosis desde el viernes pasado continúa estable con tratamiento antibiótico. En el resto del país, el Ministerio de Sanidad explica que hay 4 casos confirmados por laboratorio y otros tres por vínculo epidemiológico, y se está a la espera de resultados con los 64 casos probables y 66 sospechosos detectados.

“Los datos confirman la inflexión del brote, con una reducción sostenida del número de casos nuevos de infección y de pacientes hospitalizados” en Andalucía, destacó el portavoz del gabinete de crisis creado por la Consejería de Salud, José Miguel Cisneros. No obstante, y dado que el periodo de incubación de la enfermedad ronda los 60 días, “el brote aún no ha terminado y es esperable que aparezcan casos poco frecuentes” en las próximas semanas, especialmente entre la población de riesgo, como embarazadas, pacientes inmunodeprimidos, con enfermedades crónicas y ancianos.

Los últimos informes de los laboratorios municipales confirman el positivo por contaminación en cuatro productos cárnicos, todos ellos retirados ya del mercado (carne mechada, el lomo al jerez y el lomo al pimentón, una de crema de carne mechada) y sitúan el foco de la infección en el carro de horneado de la empresa, lo que confirma que no se alcanzaron las temperaturas necesarias para acabar con la bacteria.

En este sentido, la organización Facua-Consumidores en Acción reprochó que el Ayuntamiento de Sevilla cambiara en 2017 el protocolos de inspección sobre la empresa y alargara los plazos para los controles a un año y medio, dado que Magrudis informó de que había implantado su propio plan de autocontrol, por lo que conforme a la normativa autonómica el consistorio redujo su nivel de riesgo. La asociación de consumidores solicitó además al Ejecutivo central que desarrolle la normativa de 1984 que obliga a las empresas alimentarias a contar con un seguro y un fondo de garantía para cubrir indemnizaciones derivadas de intoxicaciones alimentarias. En el caso de Magrudis, solo contaba con un seguro de responsabilidad civil de 300.000 euros.