Era una decisión augurada en Andalucía, aunque se apuraban los plazos para evitar un perjuicio económico millonario. Pero la realidad se acabó imponiendo ayer. La primera en abrir la veda fue Sevilla, cuyo ayuntamiento, junto al arzobispado y las hermandades y cofradías, acordaron la suspensión de las procesiones de Semana Santa. Una medida que justificaron ante la posibilidad de que la paralización de la actividad se prolongue más allá de dos semanas y la dificultad de tenerlo todo a tiempo para los primeros días de abril. Pero también por el riesgo que suponen unas concentraciones multitudinarias en la calle, ya que solo en la Madrugá sevillana se juntan más de medio millón de personas.

«Mostramos nuestro pesar por las consecuencias de carácter religioso, emocional y económico que para muchas personas tiene esta situación, pero entendemos que es la salud pública y el interés general lo que está en juego», insistieron. Después empezaron a llegar en cascada el resto de suspensiones, como Málaga, Cádiz, Granada y Córdoba, también como medida de precaución y responsabilidad para frenar la expansión del virus.

En el caso de Sevilla, es una decisión histórica, ya que la última vez que se suspendieron formalmente todas las procesiones fue en 1933, durante la Segunda República y por una decisión de las hermandades, que se plantaron ante lo que consideraban una actitud anticlerical del Gobierno. La decisión de ayer es tajante: no habrá pasos en las calles, pero se pide también que se eviten las concentraciones en los templos, como ocurre cuando una hermandad no sale por la lluvia.

PERJUICIO ECONÓMICO / La Semana Santa de Sevilla es una de las principales inyecciones económicas para la capital hispalense: frente a los nueve millones que cuesta a las arcas locales, supone casi 400 millones de impacto en la ciudad, el 1,3% del PIB. «Hay motivos de salud pública suficientemente justificados», explicaron en una nota oficial consistorio y hermandades.

Los argumentos en todas las ciudades son casi calcados: se basan sobre todo en la evolución del virus y en el estado de alarma, pero también en elementos prácticos, puesto que todo el mundo es consciente de que «la práctica paralización de la actividad las próximas dos semanas» impediría tenerlo todo a punto. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, aplaudió una decisión que consideró «responsable y necesaria».

Más allá de evitar contribuir a la propagación del virus, los elementos que llevan a anular las procesiones tienen que ver con elementos de orden práctico. En la capital hispalense, tanto el Ayuntamiento como las hermandades son conscientes de «la práctica paralización de la actividad las próximas dos semanas y la posibilidad de tener que prorrogar esta situación por más tiempo», a lo que añaden la «evidencia de que volver a recuperar la normalidad llevará su tiempo».

No ocultan, en cualquier caso, la «presunción razonable» de que las medidas sanitarias de prevención tendrán vigencia por un periodo de tiempo más amplio, por lo que entienden que no tiene sentido postergar por más tiempo la incertidumbre.