La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha denunciado que la sentencia a Juana Rivas condena tanto a la acusada como a sus dos hijos, que pierden el vínculo con su madre a pesar de que «todos» los informes de especialistas «confirman una relación positiva y vinculante entre los menores y su progenitora». En un comunicado difundido el viernes, las juezas se pronunciaron así después de que el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada haya condenado a Rivas a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y a seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus dos hijos, así como a indemnizar al padre, Francesco Arcuri, con 30.000 euros y al pago de las costas, incluidas las de la acusación.

Este fallo, dicen, «que se percibe como decisiones desproporcionadas o dictadas al margen de la realidad social» es producto de ignorar la «obligación» de integrar la perspectiva de género en la aplicación del derecho, de forma que se pueda interpretar la norma salvaguardando los derechos humanos.

MANDATOS LEGALES // La asociación recuerda que recientes pronunciamientos judiciales, como la sentencia de la sala segunda del Tribunal Supremo del 13 de junio del 2018, integran el «mandato» de aplicar la perspectiva de género y atender las «circunstancias que pueden darse frente a quien denuncia ser víctima de violencia machista».

El ente hache hincapié en que, en el año 2014, el Comité CEDAW de la ONU recomendó a España, en un dictamen a raíz del asesinato de la hija de Ángela González, que se tomaran «medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia doméstica fueran tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, y para que el ejercicio de los derechos de visita no ponga en peligro la seguridad de las víctimas de la violencia, incluidos los hijos», recalca.

AMJE insiste en su comunicado difundido el viernes en que no se sigan «ignorando» y dejando de lado esos mandatos legales y jurisprudenciales para «dejar de ser herederos y herederas de una justicia patriarcal que la sociedad no tolera y la comunidad internacional condena» y conseguir mantener la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL // Francisca Granados, asesora jurídica de Juana Rivas, fue un paso más allá y señaló que la sentencia es «un suma y sigue, elevado al máximo exponente, de la violencia institucional» que ha padecido junto a sus dos hijos. En un escrito remitido a los medios, la directora de Igualdad y asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena se pregunta cómo es posible que, a fecha de hoy, el sistema judicial italiano no esté haciendo nada para investigar la denuncia por malos tratos presentada por Rivas contra su marido, Francesco Arcuri, en julio de 2016.