La Audiencia Nacional concluye las diligencias de extradición a China que la ha tenido colapsada estos tres últimos días. De los 279 detenidos que se han producido en la operación 'Wall' (muro, en inglés), contra una mafia china que estafaba telefónicamente a sus compatriotas, 234 han ingresado en prisión y 45, en libertad. Para poder hacer frente a tal cantidad de extradiciones se montó un dispositivo de cuatro magistrados de la Audiencia, seis fiscales, otros tantos letrados de la Administración de Justicia (antes secretarios judiciales) y 95 abogados de oficio.

Aunque 30 de los arrestados comparecieron en los juzgados de Alicante su extradición también se tramitará en la Audiencia, que ha superado en tres días el número de estas diligencias que suele practicar en todo un año. En 2015, por ejemplo, se realizaron 238 extradiciones en la Audiencia Nacional.

Según fuentes jurídicas, la mayoría de los detenidos eran muy jóvenes y desconocían que estuvieran participando en una estafa. Habían llegado a España para conseguir trabajo como guías turísticos. Una vez en el país se les alojaba en un chalé aislado y se les impartía un cursillo de teleoperadores. La mayoría ha declarado ante el juez que son taiwaneses.

TRES VÍCTIMAS DE TRATA

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que ha capitaneado el dispositivo organizado al encontrarse esta semana de guardia, ha reconocido a tres de ellos como víctimas de trata de seres humanos y les ha aplicado el Protocolo de Protección de Víctimas de la Trata, por lo que no les ha preguntado formalmente si accedían a ser extraditados a China, país que les reclama. Las autoridades de ese país dispone ahora de 40 días para aportar la documentación que estime oportuna para defender la entrega.

El gran número de detenidos llevó al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, a dictar un acuerdo para que además de De la Mata también pudieran tomado declaración a los arrestados los jueces Carmen Lamela, Alejandro Abascal y Santiago Pedraz, al que le corresponde el caso por ser quien recibió la comisión rogatoria (petición de ayuda judicial internacional) de China para proceder a la operación.

RECONOCIMIENTO

El trabajo de estos días supondrá un reconocimiento formal para los cuatro jueces de Instrucción, los seis fiscales, los seis letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, policías, forenses, intérpretes y abogados del turno de oficio que han intervenido en el dispositivo.

Esta operación Wall ha sido la más importante desarrollada entre la Policía española y la china. Con ella se ha desmantelado una organización que, desde una veintena de chalets aislados y de lujo en las provincias de Alicante, Barcelona y, sobre todo, Madrid, estafaban telefónicamente a compatriotas. Se calcula que la red llegó a embolsarse 16 millones de euros a través de este timo gracias a compatriotas con pocos recursos que residían en China, a los que hacían creer que estaban siendo investigados por las autoridades de su país.

Les convencían para ingresar una cantidad de dinero en una supuesta cuenta bancaria controlada por el Gobierno de aquel país pero que, en realidad, estaba gestionada por la red desde paraísos fiscales. La estafa incluso condujo al suicidio de un joven tras haber abonado a la trama el dinero con el que poder pagar sus estudios.