La Fiscalía General del Estado, además de alertar del aumento de la violencia machista y sexual protagonizada por menores, entre la que destaca la «preocupante» subida del 43% que se ha producido en los casos de violación, proponer una medida para luchar contra los abusos sexuales de los que son víctimas: la instalación de cámaras en ciertos espacios, como aulas y despachos.

Fue en el acto de presentación de la memoria de Fiscalía del 2018. La propuesta del ministerio público se justifica en «la gravedad de ciertas denuncias y lo delicado de los entornos en que se producen los hechos», porque son espacios en los que se debería cuidar o educar a los menores. Eso hace posible «normalizar la adopción de medidas de grabación en video de espacios cerrados», como despachos o aulas, que eviten el delito y que a la vez impedirían sospechas o imputaciones que pueden ser «tan lacerantes como infundadas».

Como «no se trata de actos aislados sino repetidos» en el tiempo, en «entornos familiares, educativos o de tiempo libre», y en situaciones de «extrema intimidad», son delitos que a menudo presentan serios problemas probatorios. A ello se une que las víctimas «suelen sentir vergüenza, derivada de la peculiar vejación sufrida». De ahí la importancia de pueden tener unas grabaciones que podrían servir para evitar el propio delito o en otro caso, probarlo. Asimismo, Fiscalía subraya su especial preocupación por el alza de los delitos sexuales entre menores, pero admite que se trata de una tendencia que se ha producido desde el aumento de la edad penal para el manteniento de relaciones sexuales de los 13 a los 16 años.

DILIGENCIAS INCOADAS // El número de diligencias incoadas por violencia machista ejercida por este colectivo fue en el 2018 el más alto de la década: 944 frente a 684 del 2017, y crecen también los procedimientos por delitos de naturaleza sexual. Se abrieron 1.185 casos por abusos y 648 por agresiones sexuales (expresión con la que el Código Penal denomina a las violaciones), lo que supone un 43% más respecto al 2017 (451).

El ministerio público admite que «una parte significativa de abusos sexuales entre menores» pueden ser de parejas con edades similares próximas al límite legal, por lo que podrían acabar siendo archivadas.