Con la actual ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) en vigor y con los recortes presupuestarios aún recientes y no revertidos, la mayoría de los consejeros de Educación de las comunidades autónomas españolas ven muy difícil alcanzar un consenso para el pacto de Estado educativo que está tratando de promover el Gobierno central. "La LOMCE es un muy mal punto de partido", ha lamentado este lunes el navarro José Luis Mendoza, en su intervención durante la sesión monográfica que este lunes ha dedicado al pacto educativoel pleno del Senado. "Es una ley que hay que derogar", ha remachado la andaluza Adelaida de la Calle.

También la catalana Meritxell Ruiz, la vasca Cristina Uriarte y el cántabro Ramón Ruiz han coincidido en que la ley educativa aprobada por el entonces ministro José Ignacio Wert coarta -y condiciona- las posibilidades de acuerdo. "Sobre todo, porque cualquier pacto educativo que se quiera alcanzar debería empezar por elreconocimiento y el respeto escrupuloso de que en España existen distintos sistemas educativo", ha insistido Ruiz, que ha lamentado que "el origen de este proceso sea una ley, la LOMCE, que se aprobó sin consenso y que ha ocasionado graves perjuicios al modelo educativo catalán".

Por eso, ha agregado el valenciano Vicent Marzà, "además de ser un pacto de Estado social y político, también tendría que ser un pacto territorial, con el consenso de los territorios y sin que, a cada decreto, se esté recurriendo a los tribunales".

UNA FINANCIACIÓN ESTABLE

En su intervención inicial, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha propuesto a los consejeros autonómicos que el acuerdo vayaacompañado de un "pacto presupuestario" para dotarlo de "financiación estable y previsible" a lo largo de los años. "La mejora educativa no consiste siempre en invertir más, sino mejor", ha subrayado Méndez de Vigo, que considera que el acuerdo presupuestario es "fundamental" para evaluar el funcionamiento y eficiencia de ese pacto para consolidarse en el tiempo.

El ministro también ha insistido en que ese pacto tendría que consolidarse en el tiempo y ha propusto que, para ello, "solo pueda modificarse con una mayoría política supercualificada".

Para ese pacto, ha advertido el titular de Educación, no es necesario hacer "tabla rasa" ni construir "ex novo" el sistema educativo. En su opinión, puede basarse "en analizar certeramente lo que funciona y lo que no, con la experiencia de las comunidades".

Frente a quienes han defendido que el acuerdo de Estado se base en un sistema de escuela pública, de calidad y no segregadora, Méndez de Vigo ha abogado por la libertad de elección de las familias, un aspecto que no está reñido con la igualdad de oportunidades y la equidad -para que nadie deje de estudiar por motivos económicos- y la calidad, "donde el mérito y el esfuerzo sean recompensados".