El decreto de nueva normalidad aprobado ayer introduce la obligatoriedad de que las residencias de mayores deban estar «coordinadas» con los recursos sanitarios de sus comunidades autónomas y tener planes de contingencia «para hacer frente a eventuales rebrotes» del virus.
Así lo establece el artículo 9 relativo a las viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros de personas mayores del dedecreto aprobado por el Gobierno de coalición y que ahora deberá ser convalidado por el Congreso.
La directriz llega después de que el virus haya sido devastador en los centros de mayores. El Gobierno, que desde el 8 de abril obliga a las autonomías a que le facilite los fallecimientos en las residencias de servicios sociales, se resiste a dar un número global. Según cálculos de la agencia Europa Press, 16.486 usuarios de residencias de ancianos públicas, concertadas y privadas habían muerto por el covid o con síntomas compatibles hasta principios de mayo. La Comunidad de Madrid es la región más afectada, donde han fallecido 5.876 personas de residencias sociosanitarias; seguida de Cataluña, con 3.155 fallecidos; y de Castilla y León, con 2.449.
La elevada cifra de fallecimientos de mayores en la Comunidad de Madrid ha provocado una crisis en el Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso (PP) después de que se haya sabido porque el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (de Ciudadanos), reveló la existencia de un protocolo con instrucciones para no derivar a determinados residentes a hospitales durante el pico de la pandemia.
El vicepresidente madrileño, el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha descartado que el choque entre su consejero y Ayuso le lleve a una moción de censura junto a la oposición. El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, insistió ayer en que el «escándalo» de Madrid por no permitir la derivación a hospitales de usuarios de residencias «puede tener consecuencias legales».
