Se mire por dónde se mire, la anciana de 81 años muerta en Reus (Baix Camp) por pobreza energética debería de estar viva y con electricidad si los mecanismos previstos por la ley hubieran funcionado. Pero nadie, ni siquiera ella misma, alertó de lo precario de su situación. A pesar de que la Ley 24/2015 obliga a que las compañías de servicios básicos (luz, agua y gas) informen a los servicios sociales de que van a cortar el servicio por falta de pago, la mujer pasó los dos últimos meses de su vida a oscuras.

Era una persona vulnerable por situación personal, familiar y por edad; la atendían los servicios sociales municipales de Reus desde el año 2013 y, desde el primer trimestre del año, la empresa pública Aigües de Reus se hacía cargo de su recibo del agua. La propia compañía alertó al consistorio de los impagos y éste activó los mecanismos para mantener este servicio básico y que no aumentara la deuda, ha informado este martes la concejala de Benestar Social, Montse Vilella (PDC).

Pero a pesar de que todas estas señales de alerta estaban en rojo, nadie dio la voz de alarma. El 3 de noviembre, ni quince días antes del incendio mortal a causa de una vela encendida, la trabajadora social tenía una visita programada con la anciana, pero no llegó a celebrarse, relata la concejala.

NIETA CERCANA

Según el Ayuntamiento y algunos vecinos, la fallecida vivía con su nieta en el modesto piso del 2B de la calle Santa Anna. Sin embargo, esta familiar, de 36 años y con situación personal también muy complicada, reside en otro barrio de Reus, según fuentes próximas al caso. Sí que frecuentaba la casa de su abuela y horas antes del incendio incluso le trajo la cena, pero ninguna de las dos alertó a nadie de que no tenían luz. Tampoco lo hizo Gas Natural, la compañía comercializadora. A pesar de que ya les pagaban el recibo del agua, el Ayuntamiento no supo hasta ayer de que no tenían electricidad, ha revelado Vilella,

Por una parte, los beneficiarios de bienestar social tienen la última palabra para decidir qué ayudas quieren, ha subrayado la concejala y por la otra, solo tres empresas comercializadoras de electricidad informan, de forma irregular y no sistematizada, de listados de abonados en riesgo de que les corten la luz. “Hay que mejorar los protocolos para desarrollar la ley", sostiene.

El alcalde, Carles Pellicer, ante este “caso claro de vulnerabilidad social” pide “a las compañías que se pongan las pilas” con urgencia y asegura que trasladarán todo el caso a la Fiscalía cuando tengan todas las pruebas del caso abierto que aún investigan los Mossos d'Esquadra, Y promete “contudencia”. De momento ha trasladado el caso a la Agencia Catalana de la Energía y el 'conseller' de Economia i Coneixement, Jordi Baiget, ha anunciado laapertura de un expediente informativo que da un plazo de cinco días a Gas Natural para que presente alegaciones o la sancionarán.

RÉPLICA DE LA EMPRESA

Por su parte, la empresa energética también pide protocolos claros que ahora, a su juicio, no están sistematizados. Desde el 2014, argumentan, existe un canal de comunicación directa y bidireccional con los servicios sociales de Reus que ha pasado de los seis casos de vulnerabilidad a los 56 en el 2015 y a los 88 de este año. El nombre de la anciana no constaba en ningún sitio, alega la compañía y, por tanto, no podían saber que entraba de lleno en este circuito de abonados a los que hay que proteger especialmente.

En toda Cataluña, según las cifras de Gas Natural, se atiende a 9.211 abonados vulnerables de 419 municipios. La compañía se remite a una ley ambigua que no rellena los huecos de cómo y de qué modo hay que avisar del riesgo de vulnerabilidad social.

Pellicer y Vidella instan a las empresas y a las instituciones a la máxima adherencia a los mecanismos contra la pobreza energética. La ciudad destinó el año pasado, entre otras ayudas, 300.000 euros para paliar esta lacra que se extiende cada vez más. Se beneficiaron 1700 familias. La ayuda contrasta con el número de sanciones impuestas por la Generalitat a las empresas por incumplir la ley: 180.000 euros en toda Cataluña, a razón de 18 multas de 10.000 euros.

Mientras Ayuntamiento y Gas Natural coinciden en reclamar que se despliegue el cuerpo normativo de la ley con protocolos sistematizados, sindicatos, entidades sociales y organizaciones de consumidores han anunciado que tomarán medidas. Pellicer confía que, a partir de aquí, se mejoren los protocolos para que “no ocurra nunca más”.