El govern balear quiere que la imagen de las islas deje de aparecer en «programas de todo el mundo» vinculada a un modelo turístico de excesos y comportamientos contra la libertad sexual. De ahí que el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, desgajara ayer con detalle el contenido del decreto ley contra el turismo de excesos, aprobado en el Consell de Govern (adelantado por el Diario de Mallorca), que entrará en vigor en breve.
Con él, en El Arenal, en Magaluf y en el West End de Sant Antoni, en Eivissa, quedan prohibidas las excursiones etílicas, la venta de alcohol en comercios entre las 21.30 horas y las ocho de la mañana, las barras libres, los happy hours, la publicidad que incentive al consumo etílico o la exhibición de bebidas alcohólicas o su autodispensación y en máquinas, entre otras medidas. El balconing estará también prohibido en todo el territorio de las islas, así como la concesión de nuevas licencias para las party boats durante 24 meses (después se regulará en la ley general de turismo).
El decreto estará en vigor cinco años e incluye multas de hasta 600.000 euros y cierre de establecimientos entre uno y tres años. «Baleares es el primer destino de Europa en regular el turismo de excesos», subrayó Negueruela y con este decreto se pone en marcha uno de los objetivos plasmados en los acuerdos del inicio de legislatura y una legislación sobre el todo incluido que quedó congelada en el anterior govern.
Para el conseller, el decreto ley «es una apuesta más por un turismo sostenible de calidad», que luchará contra los comportamientos incívicos causados por el exceso de alcohol y que también atentan contra la libertad sexual. Los desmadres ligados al turismo de borrachera han llegado al punto de que «ha eclosionado hasta un turismo que acude sin alojamiento» a pasar un par de días en las islas sin parar de beber. «Esa no es la imagen que queremos», afirmó el conseller, además de los problemas de convivencia que provocan con los vecinos de las zonas más afectadas.
A pesar de que la normativa afectará a la libre competencia, Negueruela defendió su aplicación. Es más, incluso si fuera necesario se podría extender a otras zonas. Y en caso de que se perciban cambios positivos, como se trata de «una intervención puntual», se reduciría el tiempo de aplicación. Sobre el decreto «se ha dialogado y consensuado su contenido prácticamente en su totalidad» con los sectores afectados, explicó el conseller.
Todos los sectores empresariales de las islas vinculados a la actividad turística han respaldado de forma unánime los objetivos que se persiguen en el decreto.
