La Comisión Europea ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que imponga a España además de a Grecia- una multa millonaria por no haber transpuesto la directiva europea sobre protección de datos en el ámbito penal, aprobada por la UE en abril de 2016 y que las autoridades españolas deberían haber incorporado la legislación nacional el 6 de mayo de 2018 como muy tarde.
Esta normativa establece las normas relativas al tratamiento de datos personales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento penal y garantiza que los datos de las víctimas, testigos, sospechosos y autores de delitos estén debidamente protegidos en el marco de las investigaciones penales. La no incorporación de esta legislación crea, según critica Bruselas, un nivel de protección diferente y obstaculiza el intercambio de datos.
Por este retraso, la Comisión Europea solicita una multa diaria de 21.321 euros a partir del 7 de mayo de 2018, y hasta que España adapte la directiva o haya sentencia del Tribunal de la UE, lo que significa que el montante de la sanción rondaría a día de hoy los 9 millones de euros. De mantenerse el incumplimiento en el tiempo la multa, sin embargo, podría ser muy superior y es que si España sigue sin cumplir cuando haya sentencia, Bruselas propone una multa diaria de 89.548 euros entre la primera y la segunda sentencia o hasta que haya pleno cumplimiento.
Bruselas también ha emplazado a España a transponer el reglamento sobre el bloqueo geográfico. Las autoridades españolas tienen ahora dos meses para informar a la Comisión de las medidas adoptadas para combatir el bloqueo geográfico, incluidas las sanciones impuestas a las empresas que infringen las normas. Si no hay una respuesta satisfactoria el caso podría terminar ante la corte europea de justicia.
