Oumo Totopa se desespera después de seis meses sin poder ver a su pequeño, Abderraman, de cuatro años. «Lo único que yo pido es que me devuelvan a mi hijo, le necesito. No es nada fácil que a una madre le quiten a su hijo. Tengo que recuperarle, he hecho todo lo que me han pedido y no me dejan ni siquiera hablar con él». Un interminable trámite burocrático se interpone entre esta madre inmigrante, que espera en una casa de acogida de Jerez de la Frontera (Cádiz), y el pequeño, atendido en Melilla. Tras rechazar las pruebas privadas realizadas, espera a que un laboratorio de Granada analice la saliva enviada por correo -sin cadena de custodia—para que los servicios sociales la reconozcan como la madre del joven Abderraman.
No es la primera vez que el Gobierno de Melilla recibe quejas por la demora en certificar las muestras de ADN que garantizan el vínculo familiar entre inmigrantes, una prueba fundamental cuando son menores los que llegan en patera. De hecho, y tras conocer la situación de Oumo, el Defensor del Pueblo ha decidido remitir el caso a la Fiscalía General del Estado e intervenir ante la Consejería de Bienestar Social de Melilla para lograr establecer un régimen de visitas hasta que se acredite su relación. Mientras eso ocurre, la madre se tiene que conformar con mirar las fotos del niño en el móvil. «Desde que he llegado a España, mi corazón está llorando», afirma Totopa.
