La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se resiste a ceder a las presiones políticas, científicas y de un sector de economistas que propugnan el cierre en España de toda actividad productiva que no sea esencial como vía para cortar de raíz los contagios.

Desde el punto de vista de Calviño, la actividad económica ya se ha frenado hasta el máximo compatible con poder garantizar la prestación de los servicios esenciales de alimentación, agua, gas, luz y sobre todo, servicios sanitarios. «Se ha adoptado el catálogo de medidas más fuerte de nuestro entorno», dijo ayer Calviño en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El reto ahora, según Calviño, es «reorientar» la actividad productiva e industrial que resta en el país hacia los bienes y servicios prioritarios. Y lo único importante --añadió-- es garantizar la seguridad de las personas que siguen trabajando si poder practicar el confinamiento.

«Para que un hospital funcione hace falta que lo haga la industria química que suministra productos, el transporte que garantiza la logística y el movimiento de enfermos y trabajadores y la industria textil que suministra equipamiento y la alimentación», explicó Calviño.

VOCES CRÍTICAS / La pregunta de quienes propugnan un mayor cierre de la economía es si actividades como la construcción son más esenciales para el funcionamiento de la economía que un restaurante o un bar. Desde Unidas Podemos se promueve «el cierre total» de las actividades productivas salvo las que sean esenciales, informa Miguel Ángel Rodríguez. El líder del PP, Pablo Casado, apoyó el cierre total de la actividad en determinadas autonomías, como Murcia.

Tras reunirse con la vicepresidenta Calviño y con los titulares de Industria, Agricultura, Trabajo, Transición Energética e Inclusión, los sindicatos UGT y CCOO abogaron por continuar la actividad solo en los casos en los que se puedan garantizar los protocolos de seguridad. «Es evidente que hay numerosas actividades que no deben paralizarse y otras que tienen que reconvertirse temporalmente», dijeron UGT y CCOO, pero toda actividad que no cumpla los protocolos de seguridad «deben cancelarse».

Las patronales CEOE y Cepyme también participaron en el encuentro telemático con el Gobierno. El problema es la ausencia de material suficiente para garantizarlo. El ministro Illa agradeció ayer la «colaboración» de empresas para producir en España equipos de protección.

Donde sí que hay restricciones es en los transportes. El Gobierno pone en marcha una drástica reducción del transporte aéreo. El gestor aeroportuario Aena procederá a reducir al máximo sus operaciones en todos los aeropuertos del territorio español. El aeródromo de Madrid-Barajas traspasará todas las operaciones de la T2 y T3 a la Terminal 1 madrileña y, posteriormente, cerrará las tres y la T4S para centrar toda su operación en la T4, según informó ayer el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

El Consejo de Aena, que se celebrará hoy, dará luz verde a este plan que se pondrá en marcha de manera gradual «en los próximos días». En el caso de Barcelona-El Prat, el proceso de concentración le llevará a limitar su conectividad a la T1, en las zonas A y D, y cierra su operativa en la terminal T2, mientras que en Palma de Mallorca se mantendrán operativas solo las terminales B y D.

Mañana se publicará una orden ministerial que reducirá la oferta de billetes de AVE y larga distancia hasta el 10% de lo habitual, según informó el ministro de transportes. Renfe reducirá su oferta de estos trenes hasta situarla al 30%, pero como únicamente se ocupan un tercio de las plazas, la oferta final será supondrá una reducción del 90% respecto a lo que era habitual hace unas semanas.