No poder afrontar gastos imprevistos o tener que pedir dinero a parientes o amigos son algunas de dificultades económicas que padecen 7,8 millones de personas en España, en situación de inestabilidad laboral grave, por la temporalidad de los trabajos o que subsisten con empleos informales, según las organizaciones Cáritas y Foessa.
Durante la presentación de los informes "Economía Solidaria", de Cáritas, y "Focus", de Foessa, sobre vulneración de derechos, las organizaciones han alertado de que casi la mitad de los trabajadores tiene una jornada parcial indeseada.
En el 16,4 % de las familias, el sustentador principal mantiene una relación muy insegura con el empleo, lo que llega a afectar a los 7,8 millones de personas que viven en esos hogares.
Es especialmente vulnerable la situación de 615.000 personas que subsisten con empleos informales, denuncian las organizaciones católicas, coincidiendo con la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
"Son personas que sufren la máxima expresión de la precariedad laboral al ver pisoteados sus derechos sin poder agarrarse al arbitraje de la justicia ni a coberturas sociales en los periodos menos favorables", ha explicado Raúl Flores, coordinador de Estudios de Cáritas.
Para la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, "es urgente un cambio de paradigma y la protección del derecho al trabajo y de un modelo de economía basado en las personas; es necesario repartir de una manera más justa el empleo y reconocer el trabajo de cuidados".
