La presidenta del Observatorio contra la violencia machista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona, se ha puesto del lado del Gobierno en la disputa que mantiene con la oposición en torno a la inversión prevista para el 2018 en el Pacto de Estado contra esta lacra. El Ejecutivo ha incluido partidas en los presupuestos valoradas en 80 millones y aduce que los 120 restantes, necesarios para cumplir con el acuerdo, deben de gastarlos las autonomías y los ayuntamientos. PSOE y Podemos, por contra, consideran que tendrían que haberse incluido en las cuentas estatales.

La vocal del CGPJ señaló ayer que los 80 millones «tienen que ser suficientes». Si no lo son, matizó, habrá que hacer un «esfuerzo» porque es un tema «prioritario». En cuanto al reparto entre administraciones, en su opinión «depende de las competencias de cada una», teniendo en cuenta que «hace falta presupuesto, recursos» y a medida que se vayan implementado las medidas, se necesitarán «más».

Carmona aseguró que está «muy esperanzada» en cuanto al pacto, teniendo en cuenta que tiene un plazo de cinco años y un compromiso presupuestario que no había cuando se aprobó la ley integral contra el maltrato y pese a ello se ha avanzado.