El CIE de Aluche registró 15 huelgas de hambre y siete intentos de suicidio en tres años

El informe, llamado 'Más allá de la frontera de lo humano', está basado en el acompañamiento a 843 personas internas en el CIE de Aluche entre 2014 y 2017. Analiza las consecuencias psicológicas del internamiento y las acciones de protesta y resistencia de las personas internas y qué repercusión ha tenido el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros aprobado en marzo de 2014.

En el periodo analizado observan un descenso del número de internos en Aluche debido a las deportaciones exprés realizadas entre 2014 y 2016. En cambio, en 2017 se produjo un repunte tanto de los internamientos como en las expulsiones desde los CIE.

La mayoría de las personas visitadas por la ONG son hombres procedentes del Magreb y un 31 por ciento afirmaban haber sido detenidas tras la solicitud de documentación en espacios públicos.

Sin embargo, este tipo de internamientos se han reducido a favor de las detenciones en frontera. Si en 2014 eran un 11 por ciento, el año pasado llegaron al 55 por ciento.

Además, señalan que muchos de los internos en el CIE de Aluche llegaron detenidas desde otras regiones españolas, el 86 por ciento. Así, la mayoría de los autos de internamientos de las personas acompañadas por SOS Racismo han sido dictados en Andalucía. "Estos datos muestran una cambio de tendencia que parece haberse trasladado de las ciudades a las fronteras", señala el informe.

La duración media del internamiento de las personas retenidas en Aluche se mantiene constante. Según datos de SOS Racismo, en 2015 fue de 36 días, en 2016 de 35 y en 2017 de 39. Según datos del Gobierno de España, la media de días en 2017 fue de 24,7.

Menores en los centros

En 2016 el Ministerio del Interior reconocía la privación de libertad de 51 menores en los diferentes CIE de España. Entre 2015 y 2017, 41 de las 843 personas acompañadas por SOS Racismo manifestaban que eran menores de edad.

La mitad provenían de Argelía (20) y las demás de Marruecos, Costa de Marfil, Guinea Conakry, Mali, Níger y Gambia.

La mayoría (36) habían sido detenidas en frontera, "por lo que se detecta un fallo en los procedimientos de identificación de personas en situación de vulnerabilidad desde que llegan a territorio y son detenidas".

Hasta 2017, el mayor porcentaje de personas llevaban viviendo en España más de 6 años. "Es decir, son personas que tienen su vida hecha en España, con sus redes, familias, amistades, aquí formadas. El encierro en el CIE supone arrancar a estas personas de su cotidianeidad, con todo el sufrimiento que esto supone par ala propia persona y para la gente que el le rodea. Puede suponer la pérdida de trabajo, dado que el internamiento se puede prolongar hasta dos meses", critica la ONG.

De hecho, el 25 por ciento de las personas que visitaron estuvo en situación regular en algún momento de su vida en España. Precisamente, son el colectivo de personas con más expulsiones que liberaciones, el 55 por ciento.

Por otro lado, de las 843 personas acompañadas por SOS Racismo en estos cuatro años, el 44 por ciento fueran puestas en libertad. "Quedan liberes, pero su libertad de movimiento sigue comprometida. La regularización sigue resultando complicada, ligada a la existencia de un contrato laboral formal y al cumplimiento de ciertos requisitos. Esto supone que tras el CIE pueda producirse una deportación exprés", avisan.

Apoyo psicológico precario

SOS Racismo está dando apoyo psicológico, "aunque muchas veces precario dadas las condiciones en las que ocurre". Consideran que es de gran ayuda y debe ampliarse no solo dentro del Centro de Internamiento, sino fuera para los exinternos y sus familiares.

"La arbitrariedad juega un papel desestructurante, pues las personas detenidas esperan normas claras de su internamiento y se encuentran en un periodo corto de tiempo con arbitrariedades del propio dispositivo, sin saber casi nada de cuál será su destino.

Las personas necesitamos saber nuestros derechos y deberes, más en circunstancias tan límites. Preguntan constantemente 'qué va ocurrir', que sucederá dentro o ya sea fuera del CIE. Caen en una inseguridad con ausencia mínimas de garantías. Son personas dañadas en su confianza con el otro, y en el CIE esto se profundiza dada la arbitrariedad del centro", relatan en el informe.

Los psicólogos de la ONG han detectado casos de angustia, sentimientos de culpa, insomnio, dolores musculares, cefaleas, un claro decaimiento, "y lo que es peor para su salud mental, la pérdida de esperanza".

No obstante, muchos internos se manifiestan contra su situación bien enviando cartas y quejas colectivas a los Juzgados de Control bien con protestas. SOS Racismo ha contabilizado al menos 15 huelgas de hambre y se han producido tres protestas colectivas, así como 7 intentos de suicidio u 11 intentos de fuga.

Incumplimiento de las normas

SOS Racismo ha recogido estos años testimonios y otras evidencias de los "frecuentes incumplimientos" en Aluche respecto a la normativa que los regula, "en detrimento de los derechos de las personas internas, y sin que la entrada en vigor en marzo de 2014 de la nueva normativa haya supuesto un antes y un después en la situación".

Los puntos más preocupantes son la "deficiente identificación" de los jóvenes menores de edad en la frontera, "deficiente acceso a la información" relativa al derecho así como al procedimiento para solicitar Protección Internacional, la "ausencia de mecanismos de asistencia" a supervivientes de naufragios y la situación "de calle" en la que se acaban muchas personas que son liberadas del CIE.

La ONG ha recogido los autores de los Juzgados de Control, en los que establecen mecanismos, "en ocasiones de forma reiterada", para que se respete íntegramente los derechos de los inmigrantes a la información, a solicitar protección internacional, a la asistencia médica y sanitaria, a la comunicación y al derecho a entrar en contacto con organización de protección.