Seis entidades sociales, entre ellas Amnistía Internacional y Médicos del Mundo, han afirmado este jueves que la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el real decreto ley 16/2012 , de la reforma sanitaria aprobado por el Gobierno del Partido Popular, "ignora los tratados de derechos humanos firmados por España" y es "regresiva" sobre el derecho a la salud en España.

Según las oenegés, el fallo "consolida la exclusión de la atención sanitaria gratuita para personas migrantes en situación administrativa irregular". Desde el 1 de septiembre, fecha en la que entró en vigor esta norma, más de 748.000 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria y excluidas del Sistema Nacional de Salud, según datos facilitados por el Gobierno.

El fallo del Constitucional hecho público el pasado 29 de julio avala la reforma sanitaria ya que, entre otras cosas, sostiene que la universalidad de la sanidad no implica que las prestaciones y servicios sanitarios "hayan de ser necesariamente gratuitos".

EXTREMA NECESIDAD

Las organizaciones sociales consideran que la sentencia legitima la reforma sanitaria bajo la premisa de la existencia de una "situación de urgente y extrema necesidad" y de "grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud". Según las entidades para el Constitucional la exclusión sanitaria es "coherente y congruente con los problemas que se quieren solucionar y la situación económica que se pretende controlar".

El tribunal considera que la exclusión sanitaria no es contraria al necesario respeto de la dignidad humana puesto que, según la sentencia, esta está garantizada con el acceso a los servicios de urgencia, a los menores y a las mujeres embarazadas. Sin embargo, la falta de acceso a sistemas en atención primaria "así como a cuidados especializados o paliativos podrían tener un grave impacto en la vida de estas personas", afirman las oenegés.