Uno de los mayores anuncios del Gobierno para mitigar la crisis social del coronavirus, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), no está llegando a todos los hogares que más lo necesitan, que, por otra parte, no han hecho más que crecer durante los últimos meses. Trabajadores de la Seguridad Social, los Servicios Sociales y las propias entidades sociales confirman un colapso administrativo debido a la avalancha de peticiones y a la falta de personal, y agravado por la brecha digital.

Pese al anuncio, se cumplen los peores pronósticos de las oenegés y algunas personas están desistiendo de pedir esta ayuda a la que tienen derecho. «El colapso es monumental, y las entidades ya advertimos de que podría pasar», denuncia, por ejemplo, Sira Vilardell, vicepresidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector en Cataluña, al referirse a cómo se está aplicando el IMV, que gestiona el Instituto de la Seguridad Social. En un primer momento, con las oficinas cerradas, el trámite solo se podía hacer de forma telemática. «Cerca de la mitad de las familias en riesgo social o no tienen ordenador o no pueden conectarse a internet. Para muchos fue imposible hacer la gestión», cuenta Vilardell. Así que un gran número de personas optó por la vía de la atención telefónica. «Los trabajadores no daban abasto, las líneas estaban constantemente comunicando».

El volumen de personas que han solicitado el Ingreso Mínimo Vital crece día a día. Según datos de la Seguridad Social, solo en Cataluña más de 400.000 personas han presentado una solicitud en las primeras tres semanas, 41.000 de ellas en la ciudad de Barcelona. «No damos abasto, estamos saturados», afirma el responsable de Seguridad Social del CSIF, José Manuel Moreno.