Las asociaciones feministas han dado un repaso al pacto de Estado contra la violencia machista acordado este lunes por unanimidad por los grupos políticos del Congreso y han cuestionado la partida económica de 1.000 millones de euros para cinco años y también la falta de concreción del destino del dinero. En particular, el texto incluye 200 medidas articuladas alrededor de 10 ejes.
Dolo Pulido, activista, considera que, pese a que han aumentado las cantidades, el presupuesto es «claramente insuficiente». A su juicio si se divide la cantidad por cinco años «solo se disponen de 200 millones anuales que deben repartirse entre los 8.000 ayuntamientos de todo el Estado». La experta se pregunta, asimismo, «con qué presupuesto y quién ejecutará, si el Estado o las comunidades autónomas, los programas de sensibilización y prevención en educación y sanidad».
Marisa Fernández, abogada, reconoce, por su parte, que existe «una ambigüedad» porque se desconoce la cantidad de dinero que se destinará a cada capítulo.
La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, califica de «buena noticia» y de «gran avance» el acuerdo contra la violencia machista, aunque precisa que habrá que esperar a ver cómo se reparten los 1.000 millones de euros. «Tenemos que ver el detalle, dónde se van a aplica», puntualiza.
VÍCTIMAS // La presidenta de la Asociación Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, señala que invertir 1.000 millones de euros en cinco años, 200 millones al año, para la lucha contra la violencia de género es una cantidad «mezquina».
En ese sentido, Pulido y Fernández coinciden en criticar que la «violencia sexual» se haya dejado al margen del acuerdo, lo mismo que ha sucedido con «la violencia fuera de la pareja, lo que incumple el Convenio de Estambul». La activista reconoce que con esta exclusión «se refuerza la idea de que hay víctimas de primera y de segunda». Y concluye: «Únicamente se reconocen como víctimas a las que tienen un vínculo afectivo-sexual».
El informe de la subcomisión del Congreso para el pacto contra la violencia machista propone que el Ministerio del Interior suscriba acuerdos con los ayuntamientos para que la Policía Local también proteja a las víctimas.
El documento contiene, paralelamente, medidas en el ámbito audiovisual, como la que propone suscribir convenios con asociaciones de guionistas para fomentar y promover el tratamiento de la imagen de la mujer «libre de estereotipos y prejuicios».
