La sección penal de la Comisión General de Codificación que Rafael Catalá ha resucitado para revisar los delitos sexuales, a raíz de la polémica sentencia de la manada, se plantó ayer y exigió al ministro de Justicia que el órgano consultivo sea paritario.

Según explicó uno de sus miembros al término de la primera reunión, «solo una vez que se reestructure y se garantice el equilibrio entre hombres y mujeres», el comité estará «en condiciones de asumir el encargo recibido», que no es otro que estudiar una posible modificación de los delitos sexuales después de la conmoción causada por la sentencia, que condena a los cinco acusados a nueve años de prisión por abusos y no por agresión, al no apreciar que hubo intimidación sobre la víctima, como exige el actual Código Penal.

Justicia informó que Catalá «hace suya» la propuesta de la comisión y va a proceder a completar la composición del órgano asesor. Para empezar, Justicia tiene que estudiar si sustituye a los tres miembros que hasta ahora han presentado su dimisión.

Ayer, Javier Moscoso, tras asistir a la primera reunión del comité, informó de su renuncia. El jurista alegó precisamente que en la comisión falta paridad, y que prefería dejar su hueco a una mujer, además de que no compartir el momento elegido para estudiar una reforma legal, justo después de la sentencia sobre la violación en los Sanfermines.

Moscoso recalcó que la comisión «está envejecida» y es «poco operativa» ya que no se reúne «desde hace 20 años». Asimismo, se mostró partidario de las reivindicaciones de las mujeres juristas y a favor «del principio de igualdad constitucional», especialmente en una administración «cargada» de mujeres.

El órgano, que no se ha reunido desde que Felipe González llegó al Gobierno, inicialmente estaba formado por 20 hombres. Sin embargo, cuando trascendió esta situación, Catalá reaccionó ante las críticas y propuso que se incorporaran mujeres, para estudiar esta revisión en concreto, encargo que aceptaron cuatro. Una quinta, la catedrática Mirentxu Corcoy renunció al saber que había sido convocada a una colaboración puntual. Además, el catedrático Francisco Muñoz Conde presentó su dimisión al considerar que la comisión se ha resucitado por «demagogia punitiva».

Ayer también se hizo pública una carta firmada por 25 catedráticas de Derecho Penal solicitando que la sección penal se «reconstruya conforme a los principios de transparencia, calidad académica, trayectoria profesional y paridad de género».