Todos los consejeros autonómicos socialistas de Educación y el de la Comunitat Valenciana de Compromís, Vicent Marzà, exigen la “derogación” del real decreto que regula las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, y avisan de que “no contará” con su colaboración en caso de que el Ministerio de Educación persista en su aplicación inminente.
En un comunicado conjunto, urgen también a que se convoque la Conferencia Sectorial, “como muy tarde en la primera semana de septiembre”, anuncian que pedirán explicaciones al ministro de Educación por la forma en que se ha aprobado --el viernes pasado por un gobierno en funciones-- y consideran que se trata de un “despropósito”, un “atropello” y una “provocación”. “El Gobierno debe saber que no se puede ni se debe gobernar contra la mayoría y que, si lo hace, pone en grave riesgo el sistema democrático. Es hora de poner fin a esta forma de actuar”, enfatizan.
Solo las consejerías gobernadas por el PP manifestaron su apoyo al proyecto (5 de 17 comunidades), según los socialistas. Junto a la valenciana con consejero de Compromís, las comunidades con consejero socialista son Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura. H
