Día marcado en rojo en el calendario del colectivo LGTBI (que engloba a las lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales). El Congreso admitió ayer a trámite la primera ley integral contra la discriminación de las personas por razón de su sexo, que ha promovido Podemos, recabando las principales demandas de la federación que representa al colectivo afectado. El proyecto legal contó con los votos a favor de todos los grupos, salvo el PP, que se abstuvo en bloque, con la excepción del exministro Jorge Fernández Díaz, que votó en contra, y llega 12 años después de la aprobación de la ley de matrimonio homosexual y 10 años después de la ley de igualdad. El Partido Popular anunció que presentará una enmienda a la totalidad.
La norma recoge el espíritu de leyes autonómicas como la catalana, la madrileña o la extremeña, y va más allá, al contemplar medidas para todo el territorio nacional, entre ellas, la «despatologización» de la transexualidad o la creación de un centro de memoria histórica LGTBI.
Se trata de una ley integral que incluye medidas en el ámbito educativo, laboral, administrativo y también familiar que «ayudarán a un colectivo de más de cuatro millones de personas a ser más felices en su día a día», según el presidente de la federación, Jesús Generelo. Recoge el derecho «a la autodeterminación de la identidad de género», que significa que ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad sexual.
En este contexto, se prevé el derecho de todas las mujeres a las técnicas de reproducción asistida en los hospitales públicos.
