La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, por unanimidad, un proyecto de ley con un conjunto de medidas para paliar las pérdidas de los agricultores como consecuencia de la sequía.

Los diputados han dado el visto bueno al proyecto legislativo, que presentó el Gobierno en junio, con el objetivo de dar apoyo financiero a los productores frente a los daños por la falta de agua, especialmente en las cuencas más afectadas.

El texto incluye medidas como exenciones en las tasas de riego, y moratoria en el pago de cuotas a la Seguridad Social que abonan los agricultores.

La comisión parlamentaria ha aprobado varias enmiendas al texto inicial, transaccionadas por el PSOE y Unidos Podemos, y rechazadas por el PP; algunas modificaciones amplían el alcance geográfico de las medidas que incluyó el Ejecutivo en favor de los regantes.

El real decreto en el que se basa el proyecto de ley planteaba que las explotaciones de las cuencas del Duero, Júcar y Segura -declaradas oficialmente en situación de sequía hidrológica- estén exentas del pago de cánones y tarifas relacionadas con el agua.

Los diputados han respaldado una enmienda del PSOE -solo rechazada por el PP- que amplía el alcance de esas exenciones, para que puedan beneficiar a zonas de otras cuencas también muy perjudicadas por la sequía.

Establece que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, "oídas las comunidades autónomas y las organizaciones del sector" delimitará los territorios beneficiados.

El portavoz de Medio Ambiente del PSOE, Gonzalo Palacín, ha manifestado que el proyecto de ley inicial "deja fuera demarcaciones como la del Ebro o de la cabecera del Tajo" a pesar de que en muchas de sus poblaciones sufren la carencia del agua.

En otra enmienda, los diputados han pedido una línea de préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por valor de 1.000 millones, para sectores perjudicados, como la ganadería o cultivos de secano.

La comisión parlamentaria también ha apoyado enmiendas para impulsar la utilización de aguas de las desaladoras y la reutilización de aquellas depuradas en los regadíos

Los diputados han pedido también que se impulse una "doble tarifa" de electricidad por el regadío, con un contrato que tenga dos potencias diferentes en los 12 meses, según las necesidades del suministro, ya que el consumo por parte del productor se intensifica durante una parte de la campaña, pero no es igual en todo el año.

El proyecto de ley será remitido al Senado y, posteriormente, volverá al Congreso para su ratificación final, a principios de 2018.

Palacín ha asegurado que la votación de hoy "da la vuelta" al proyecto legislativo y ha pedido al Ejecutivo "una planificación previsora" con políticas de agua, "como no se ha hecho en los últimos años".

Teresa de Lara (PP) ha manifestado que las enmiendas debatidas "o no aportan nada o son "demagogia" y un "engaño a los regantes":"El PSOE quiere hacer ahora lo que no hizo en sus años de Gobierno".

No obstante, respecto al ámbito geográfico, ha precisado que el Gobierno incluyó solo tres cuencas, pero "si cualquier otra demarcación entrara en situación de emergencia se ampliaría la ley".

Pedro Arrojo (Unidos Podemos) ha defendido "bancos públicos" de agua o que las exenciones sean para los agricultores más vulnerables, porque "no se reparten becas a todo el mundo sino al que lo necesita más".

Miguel Ángel Garaulet (Ciudadanos) ha sugerido propuestas para facilitar el traslado de agua de zonas sobrantes a las deficitarias.