El Consell aprobó el decreto ley que regula el alquiler de vehículos con conductor (VTC) con una precontratación mínima de 15 minutos y la prohibición de geolocalización, una normativa que para el taxi es insuficiente pero fundamental y que para la patronal Unauto supone la expulsión del sector de la Comunitat.
Según informó la consellera María José Salvador en la rueda de prensa tras el pleno de ayer, deberá quedar constancia de la contratación de los servicios de VTC en un registro de comunicaciones, con excepción de los que se deban realizar de forma inmediata como consecuencia de urgencias, emergencias y asistencia en carretera. Los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor no podrán, en ningún caso, circular por las vías públicas en busca de clientela ni propiciar la captación de personas viajeras que no hubiesen contratado previamente el servicio.
ESTACIONAMIENTO // Se considera captación de clientela la geolocalización, que permite a las personas usuarias ubicar con carácter previo la localización de estos servicios, y, por tanto, no se permite su utilización.
Tampoco se permite el estacionamiento en las vías públicas, debiendo estacionar en garajes o aparcamientos no ubicados en la propia vía pública, así como aparcar en lugares de concentración y generación de demanda de servicios de transporte como puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses, centros comerciales y de ocio o instalaciones deportivas, entre otros.
El decreto ley se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y entrará en vigor al día siguiente, a excepción del periodo mínimo de antelación en la contratación, que entrará en vigor en un plazo de dos meses como máximo, para facilitar el despliegue de las medidas técnicas adecuadas para su aplicación.
Además, deberá ser sometido a su convalidación por parte de la Diputación Permanente de Les Corts, que tendrá la posibilidad de decidir si quiere tramitarlo como un proyecto de ley.
DESTRUCCIÓN DE EMPLEOS // Según Unauto, la regulación aprobada supone la destrucción de más de 500 empleos más «los cientos» previstos para los próximos meses, e indemnizaciones de 166 millones a los titulares de las autorizaciones de VTC.
Unauto considera que el decreto podría incurrir en inconstitucionalidad, al ir contra el artículo 38 de la Constitución sobre libertad de empresa, y expulsa al sector de la Comunitat.
La patronal de VTC señala que el plazo de aplicación de dos meses es «posponer el problema» pero permitirá al sector seguir operando durante ese tiempo mientras los conductores de VTC buscan un nuevo trabajo, según el presidente de Unauto Valencia, Ricardo González.
