Nuevo episodio del escándalo de las muy retrasadas y ahora mismo paralizadas obras de la estación del AVE de Barcelona, que fue adjudicada en el 2010 y está previsto inaugurar en el 2020. La Guardia Civil inició a primera hora de ayer una operación en la que realizó 15 registros en Madrid y de la capital catalana.

Un total de 13 personas, entre directivos de la empresa pública Adif y directores de obras, fueron detenidas por formar parte de una trama que supuestamente hinchaba certificados de obras vinculadas a tres sectores de la estación de la Sagrera. El sobrecoste asciende a 82 millones de euros. Los investigadores consideran que algunos arrestados “pudieron recibir gratificaciones”. En mayo del 2014 ya se produjo una operación similar por irregularidades en los trabajos de este esperado equipamiento ferroviario.

CONSTRUCTORAS // La operación, que empezó a las 7.30 en las sedes de Adif en la Sagrera y las dependencias de, al menos, tres UTE (unión temporal de empresas) adjudicatarias de obras, fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona y el fiscal anticorrupción de Barcelona, Emilio Sánchez Ulled. La Guardia Civil también entró en unas dependencias de Adif en la estación de Francia de Barcelona y en unas oficinas del ente público en Madrid. El caso, bajo secreto de sumario, afecta a diez constructoras.

Fuentes conocedoras de la investigación confirmaron que fueron detenidos por este caso dos exaltos cargos de Adif y jefes de obras. Entre los arrestados figura Rafael Rodríguez, que había sido director de Alta Velocidad de la Zona Noreste y que había sido el máximo responsable de las obras del AVE a Barcelona, primero, y a Francia, después. También fue detenido Jaime García, exgerente de Infraestructuras de Adif. Estas dos personas ya fueron arrestadas en mayo del 2014 por el otro caso de malversación de fondos en las obras del AVE en Barcelona.

DENUNCIA // Esta operación es producto de una extensa investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción después de que Adif denunciara los sobrecostes. En el texto presentado, la empresa pública manifestaba que en tres obras de la Sagrera se habían detectado dobles mediciones que reflejaban diferencias sustanciales entre la obra certificada como realizada y la que en realidad se había ejecutado. Así, se habrían emitido de forma reiterada varias certificaciones de obra con unos importes superiores a los trabajos efectivamente efectuados por las empresas contratistas. H