Sin contabilizar el dolor, la angustia, la vergüenza, los problemas emocionales y un largo etcétera, la violencia contra la infancia cuesta a las administraciones bastante más de 1.000 millones de euros al año. Y eso que se calcula que solo se denuncian un 4% de las violaciones y abusos sexuales que sufren los niños, y buena parte de las demandas se interponen cuando las víctimas han llegado a la madurez de sus vidas y tienen la valentía de iniciar un litigio.

Aún así, investigadores de la Cátedra Santander de la Universidad Pontificia de Comillas y la Fundación Educo han tratado de dilucidar el coste de la violencia infantil bajo el convencimiento de que «si no se puede cuantificar una realidad, no se puede resolver, no es posible hacer política pública, generar presupuestos y evaluar el impacto y la eficacia de las conclusiones», explica Adam Dubin, profesor de Derechos Humanos.

Por todo ello, el resultado del análisis, que arroja un coste de 979 millones al año, es solo «la punta del iceberg», según avisa Eugenia Fabra, profesora de Economía y una de las coordinadoras del informe. De entrada, ante las dificultades de medición, los investigadores solo han tenido en cuenta el abuso sexual, que no es el delito más frecuente pero sí el que tiende más a repetirse, y las víctimas directas: 3.919, según el anuario de criminalidad del 2015.