El número de personas apuntadas al Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, que se creó en el 2012 a petición de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), la entidad civil más importante de ayuda a los ludópatas, creció un 12% en el 2020, hasta alcanzar los 56.329 inscritos, 6.042 más que en el 2019.

Este registro impide a personas que no son capaces de reprimir sus ansias de jugar, debido a la adicción que genera las apuestas, casinos y demás, acceder a a esta actividad. La inscripción es voluntaria y al darse de alta la administración y las empresas imposibilitan la entrada en portales de juego online, que son los que dependen del Gobierno central. Y es que existe un registro de carácter estatal y luego cada Comunidad Autónoma, que son las que tienen competencias sobre el juego presencial en casas de apuestas y casinos, poseen su registro, que impide el acceso a los establecimientos físicos de juego de cada región.

Si bien, el sistema tiene fallos, a juicio de Fejar, porque una persona que se inscriba en el registro estatal, podrá acceder a las casas de apuestas físicas, salvo que la normativa autonómica lo impida. Asimismo, una persona que se inscriba en una autonomía, puede acceder a los establecimientos de las otras regiones cercanas. "Si yo me autoprohibo en la Comunidad de Madrid, puedo irme a jugar a Toledo en un momento de debilidad", explica Juan Lamas, director técnico de la entidad social. Por ello, Fejar lleva desde el año 2012 solicitando que todos los registros se unifiquen, para aumentar la protección de las personas con adicción.

El acuerdo de interconexión

Atendiendo esta petición, el Gobierno, las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla alcanzaron en septiembre un acuerdo para interconectar las bases de datos, con el voto en contra de la Generalitat y la abstención de Euskadi y la Comunidad Valenciana. Aún así, en el primer trimestre del año el Ministerio de Consumo presentará un proyecto de interconexión.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía, con 13.811 personas inscritas, representa el 24,5% del conjunto estatal. Le siguen la Comunidad de Madrid (17,03%) y Aragón (9,32%). Y la autonomía que más ha crecido a lo largo de 2020 es Baleares, que ha visto incrementado en un 56,9% el número de personas autoexcluidas respecto a 2019. Le siguen Castilla-La Mancha (23,56) y Murcia (23%). Por el contrario, las comunidades autónomas con un menor crecimiento relativo en 2020 son Aragón (6,64%) y Castilla y León (9,76%).

El crecimiento estatal del 12% es similar al registrado en los años anteriores, según Fejar, que atribuye que cada vez más personas pidan que no les permitan jugar a la "labor de sensibilización" que hacen las asociaciones de ayuda a los ludópatas y a que el registro es imprescindible si se quiere acceder a los tratamientos de ayuda.