El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado el visto bueno para que la central de Santa María de Garoña (Burgos), la más vieja del actual parque nuclear español, pueda seguir operando hasta los 60 años, un decisión sin precedentes. La decisión definitiva queda ahora en manos del Ministerio de Industria y Energía, que ya ha anunciado su intención de abrir «una ronda consultas» antes de otorgar la licencia. La oposición, incluido Ciudadanos, ya le ha dejado claro su rechazo al poco de conocer la decisión. Le exigen que la deniege para no poner «en riesgo a la población».

La autorización está condicionada a que los propietarios de la planta realicen una serie de reformas --«centenares de mejoras», según un miembro del CSN-- que en el mejor de los casos podrían tardar un año en ejecutarse y podrían alcanzar un coste de unos 200 millones de euros. Hasta que no las hayan llevado a cabo y hayan sido revisadas no podrán conectarse de nuevo a la red. Garoña lleva parada desde el 2012.

El pleno del CSN aprobó la autorización sin unanimidad. La votación salió adelante con el voto a favor de cuatro de los cinco consejeros (tres propuestos por el PP y uno por el PSOE), mientras que la quinta representante en el pleno, la exministra Cristina Narbona (propuesta también por el PSOE), votó en contra.

Narbona expuso sus dos razones para el no: por vez primera se da un permiso para más de 10 años, lo que incumple la guía de seguridad del CSN, y el operador no ha ejecutado las obras que se le habían impuesto como condición para que se le autorizara la reapertura. El CSN le había pedido la creación de un nuevo sistema de tratamiento de gases, la separación física de cables eléctricos, la protección contra la caída del techo del edificio de turbina y el aislamiento de la contención primaria. El resto de consejeros aseguraron que estas obras están o bien acabadas o muy avanzadas pero que, en cualquier caso, tendrán que estarlo antes de que el reactor pueda arrancar.

La intención del Gobierno sigue siendo dar la luz verde definitiva a Garoña pero, ante el rechazo generalizado, Energía ha templado gaitas. «Antes de tomar una decisión, el ministerio abrirá un proceso de diálogo con comunidades autónomas afectadas, ecologistas, empresas, partidos y demás actores implicados para llegar a un consenso», indicaron fuentes del departamento encabezado por Álvaro Nadal. Estas conversaciones pueden durar seis meses y, tras ellas, el Gobierno tomará una decisión.