No hay mayor regreso a la rutina que la apertura del curso escolar. Y no solo para los padres, los alumnos y la comunidad educativa, también para la sociedad en general. Porque la ciudad y los pueblos recuperan el pulso, la movilidad vuelve a dispararse y regresan viejos y se generan nuevos debates en torno a la formación de las futuras generaciones. En estos tiempos modernos ha aflorado una inquietud vinculada al uso de la tecnología: la protección de datos de los menores cuando se pone a su alcance programas que pueden convertir su identidad en un bien comercial. El blindaje de los alumnos cuando usan internet.

Diversos ámbitos ya advertían hace días sobre la necesidad de tutelar a los chavales cuando se les pone a trabajar en entornos on line. La controversia tiene mucho que ver con la presunta privatización de la educación pública que los sindicatos llevan tiempo denunciando. Por un lado está la revolución pedagógica, que a ojos de los críticos ha quedado sobremanera en manos de entes privados, y por el otro están los programas informáticos, propiedad de multinacionales como Google o Microsoft, que ya han desembarcado en la escuela ofreciendo sus servicios tanto a los alumnos como a los profesores.

Simona Levi, activista proderechos digitales y portavoz de la plataforma de madres y padres que trabajan para advertir sobre los riesgos de estas aplicaciones, asegura que «más de la mitad de centros públicos» ya están usando los aplicativos de Google.

«Esa es la conclusión a la que llegamos tras habernos reunido varias veces con responsables de Educació». Argumenta que desde que han iniciado su campaña de alerta, muchos directores de escuela y familias se han puesto en contacto con ellos «porque no son conscientes del riesgo que se corre». «El tema no es que compartan tus datos con otras empresas, que se supone que no sucederá, sino que estén al alcance del resto de compañías que controla Google», como por ejemplo, YouTube.

POTESTAD Y HERRAMIENTAS // Cada centro, tal y como dicta la normativa, tiene la potestad de decidir qué herramientas pone a disposición de su comunidad educativa. La Agencia Española de Protección de Datos tiene en su página web un protocolo con recomendaciones específicas.

Sin embargo, tal y como denuncia Levi, la propia web del departamento invita a recurrir a los servicios de Google Suite.

«Nosotros tenemos un plan que incluye otras opciones (Moodle es una de ellas) que nada tienen que ver con Google y que no suponen un riesgo jurídico para los docentes». Esta propuesta, sin embargo, requiere «de un par o tres de meses de trabajo para que el software pueda estar a disposición de los centros y sin ningún tipo de conflicto a nivel de protección de datos».

«El problema -prosigue esta experta- es que Google, se lo da todo masticado a las escuelas, pero no las advierte de los peligros que corren». «¿Qué pasa si un alumno hace correr una foto delicada a través del Gmail escolar y termina en una web de Ucrania?».

Las autoridades educativas han enviado a los centros escolares una larga lista de recomendaciones y limitaciones sobre el uso, por ejemplo, de las redes sociales, y evitar así el riesgo de una desprotección de los menores en la utilización de internet.