Con gesto altivo, mirando únicamente al tribunal e incluso girándose levemente para dar la espalda a los padres cuando les oyó suspirar mientras el jurado popular desgranaba cómo cree que mató a Gabriel Cruz. Ana Julia Quezada escuchó ayer por la tarde sin apenas inmutarse cómo la declaraban culpable de un delito de asesinato con alevosía por la muerte del niño, ocurrida en febrero del 2018. Pero también de dos delitos de lesiones psíquicas y otros dos de daños morales a los padres del menor.
Una decisión que aboca a Quezada, a falta de que la jueza Alejandra Dodero dicte sentencia, a convertirse en la primera mujer condenada a prisión permanente revisable. La defensa, no obstante, ya anuncia recurso por «cuestiones técnicas varias», al considerar que por ejemplo los dos delitos accesorios son similares.
SATISFACCIÓN paternal // Ángel Cruz y Patricia Ramírez trataron de mantener la entereza durante toda la tarde, y no podían ocultar su satisfacción a la salida. «Agradecemos al jurado el veredicto porque dijimos que íbamos a luchar para que esta bruja no volviera a pisar la calle, y creemos que lo hemos conseguido», afirmó Patricia entre gritos de ánimo de almerienses que, ahora sí, se concentraron junto al Palacio de Justicia para seguir la condena de Ana Julia. A su lado, Ángel, el progenitor, añadía que «a esta mujer hay que sacarla de la sociedad, porque es un peligro y hubiera seguido haciendo daño, los psicópatas tienen que estar lejos de la sociedad y donde no puedan hacer daño a nadie».
Tras un día y medio de deliberación, los nueve componentes del tribunal, dos hombres y siete mujeres, dieron ayer por válido que Quezada llevó al niño a la finca familiar de Rodalquilar (Almería) y que, «de forma intencionada, súbita y repentina, le lanzó contra el suelo o pared de la habitación, y tras el impacto del niño, procedió la acusada, con sus propias manos, a taparle la boca y la nariz con fuerza, hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento». Todo ello, aprovechándose además de su superioridad física y su cercanía familiar. Gabriel murió, concluyen, por asfixia mecánica por sofocación.
En su declaración de culpabilidad, el jurado tuvo en cuenta la premeditación de Ana Julia y la situación de prevalimiento sobre el menor, ya fuera por la superioridad física o la sorpresa de Gabriel ante un ataque que se produjo por parte de una persona del entorno más cercano, que además se lo llevó a un lugar apartado y solitario. Rechazan de plano la versión de que el niño la insultó, al subrayar que «Gabriel era un niño educado y, en cualquier caso, esas palabras no serían motivo de una agresión».
«ESPECIAL MALDAD» // Como ya relataron algunos agentes durante las sesiones del juicio y recogió incluso la fiscala, el jurado tampoco perdió oportunidad de resaltar su «especial maldad» e incluso la «perversidad» de Quezada al enterrar el cuerpo del niño en la finca familiar, ocultar la ropa en el armario de la casa que compartía con Ángel Cruz o intentar desviar las sospechas hacia una expareja. O el «odio» que mostró hacia Patricia, a quien insulta en aquellos días según consta en conversaciones telefónicas intervenidas por los agentes.
ÁNIMO VEJATORIO // Fallando en la línea marcada por el Ministerio Público, las siete mujeres y los dos hombres que conforman el jurado consideran que sí hubo intención de «humillar y vejar» a los progenitores al alentarles y permanecer junto a ellos aquellos días. O al acudir a manifestaciones públicas con camisetas impresas con el rostro del niño al que había matado. De ahí que entienda que no solo se produjeron dos delitos de lesiones psíquicas, sino también dos contra la integridad moral de ambos padres, oponiéndose a cualquier posible indulto que pueda reclamar.
Por todo ello, tanto fiscalía como acusación particular reclaman que se le aplique a Quezada la pena máxima, la prisión permanente revisable, dada la especial indefensión del niño. También solicitaron el alejamiento y la prohibición de comunicarse con ellos durante 30 años.
INDEMNIZACIONES // Por los delitos contra los padres, la fiscal pide cinco años y nueve meses de prisión y una indemnización de 600.000 euros en total, además de otros 170.000 en concepto de reparación del daño moral causado y el gasto médico. Y reclama también otros 160.000 euros de indemnización a la abuela, aunque la defensa hizo constar durante el juicio que Quezada no podrá afrontarlo al ser insolvente. La acusación particular eleva estas penas a seis años por las lesiones psíquicas y otros cuatro por el daño moral, además de una indemnización de 500.000 euros para los progenitores.
