Yéremi Vargas, Diana Quer o Manuela Chavero tienen en común su desaparición. Son casos mediáticos, pero las fuerzas de seguridad tienen carpeta abierta por más de 4.100, en una búsqueda a la que se enfrentan no sin dificultades por el vacío legal en una materia por la que pasa de puntillas el Código Penal.
La legislación penal deja muy en el aire qué se entiende por persona desaparecida, lo que a nivel policial coloca a los investigadores en una situación de cierta inseguridad jurídica, según recalcan a Efe algunos de ellos. Hace pocos días el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presentó el Centro Nacional de Desaparecidos, que gestionará la base de datos de desaparecidos y restos humanos que están sin identificar. Lo hizo casi en coincidencia con la celebración el 9 de marzo del Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente y con el décimo aniversario de la desaparición de Yéremi Vargas.
214 de alto riesgo // Y ofreció datos: en ese momento las fuerzas de seguridad buscaban a 4.164 desaparecidos, de los que 214 (en torno al 5%) se consideraban de alto riesgo. No es fácil investigar una desaparición, como subraya a Efe el capitán José Miguel Hidalgo, del grupo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que llegan los casos más complicados de homicidios, secuestros o desapariciones. Son pesquisas «muy complejas» porque no hay un cuerpo, es necesario reconstruir todos los entornos donde ha podido moverse, en ocasiones no se tiene referencia del lugar exacto del que desapareció y otras hay que moverse en ambientes delincuenciales.
Debido a esa complejidad, es muy importante que la desaparición se denuncie cuanto antes, porque así se podrá actuar de forma inmediata. «Si luego queda en nada, mejor que mejor», apostilla el capitán. Hidalgo señala que aunque los casos de los menores pueden ser más llamativos, lo cierto es que los de alto riesgo representan un porcentaje mínimo, y precisa que no existe un perfil del desaparecido.
No obstante, entre los de alto riesgo predominan los hombres (bastante más de la mitad) porque muchos casos están asociados a hechos delictivos, en los que los varones están más implicados. La media de edad está entre los 20 y los 40 también por esa circunstancia y los nacionales son más que los extranjeros.
cuestión de voluntad // A veces el investigador tiene el convencimiento de que la desaparición no es voluntaria, pero no puede agarrarse a un indicio concreto para asociarla a otro delito, como secuestro u homicidio. De ahí, que la judicialización de caso dependa en gran medida de la voluntad de jueces y fiscales. Pese a las lagunas legales existentes, a nivel policial la Secretaría de Estado de Seguridad dio un paso al frente en 2009 y publicó una instrucción con el procedimiento a seguir por las unidades investigadoras, que nada más recibir la denuncia tienen que grabarla en el sistema para que todas las policías puedan acceder a esa alerta.
coordinación exterior // Además, si en un tiempo prudencial no se sabe nada de esa persona, se vuelve a reseñar, ya ampliada, en las bases e, incluso, se eleva al espacio Schengen. Es la unidad que recibe esa denuncia la que, según unos parámetros establecidos, cataloga el caso de alto riesgo o de riesgo limitado.
Generalmente, de las de alto riesgo, en el caso de la Guardia Civil, se da aviso a la UCO y a la Unidad Técnica de Policía Judicial por si es necesario coordinar con agencias policiales internacionales, como Europol o Interpol. En las desapariciones más complicadas interviene la UCO, como las de Diana Quer o Yéremi. Son las más mediáticas, pero la unidad investiga otras más, incluso algunas desde hace 20 años, ya que, como dice Hidalgo, los casos nunca se abandonan, sin que haya predilección por unos en detrimento de otros. Aunque se archiven judicialmente de forma definitiva o provisional, se sigue investigando. De hecho, la Secretaría de Estado obligó a «dar una vuelta» cada año a los expedientes no resueltos.
