Agentes de los Mossos y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal internacional de tráfico de seres humanos. La macroinvestigación, que empezó a finales del 2018, ha permitido identificar a casi 1.000 víctimas, entre las cuales hay mujeres, algunas de ellas embarazadas, y niños. Una docena de personas han sido detenidas e ingresadas en prisión y se han realizado registros en las provincias de Burgos, Lérida y Barcelona. Además, hay otros tres detenidos en Portugal, dos en Alemania y uno en Holanda.
En la operación también se han intervenido dos kilos de marihuana. La policía estima que los beneficios de la trama son superiores a los 500.000 euros desde el inicio de la investigación.
La investigación, que empezó a finales del 2018 y se ha dado por cerrada este mes de mayo, arrancó cuando Mossos y Guardia Civil detectaron la presencia de una organización que trasladaba a Francia bajo coacción a un número elevado de personas indocumentadas.
Las víctimas procedían principalmente de países africanos. Entre ellas era habitual la presencia de mujeres embarazadas y menores. Estas personas eran captadas en origen para trabajar de manera irregular en Europa. La red criminal las trasladaba al Estado español y de ahí las llevaba a Francia, Bélgica y Alemania. Era entonces cuando los captores exigían a sus víctimas un pago de entre 500 y 750 euros. Para asegurarse el cobro, se aprovechaban de la extrema vulnerabilidad de estas personas. En sus métodos de coacción llegaron a abandonar durante un viaje a un menor que no había podido pagar toda la cantidad exigida.
Parte de la trama estaba afincada en España y sus miembros eran básicamente subsaharianos que vivían en la provincia de Lérida, donde tenían un piso a cargo del jefe de la banda en la localidad de Rosselló (Segrià). El grupo tenía un segundo piso en Mataró, donde vivía el resto de miembros de la trama.
UNA ORGANIZACIÓN ESPECIALIZADA Y JERARQUIZADA
Según han explicado los Mossos, cada integrante de la red tenía un papel diferenciado y obedecía a una jerarquía clara. El líder a nivel internacional, conocido com "el jefe", era un hombre de origen centroafricano que vivía entre Portugal y Alemania. Tenía antecedentes en otros países europeos por favorecer la inmigración irregular y presumía de llevar 25 años dedicado a esta actividad.
Para incrementar los beneficios de la red, "el jefe" había puesto en marcha una estructura societaria e inmobiliaria que le había permitido captar también a personas de origen asiático (generalmente nepalís, hindús y paquistanís) a los que trasladaba desde Alemanía a la Península ibérica, mayoritariamente a Portugal.
Con esta infraestructura, la red realizaba la ruta España-Alemania-España-Portugal. Para ello utilizaban furgonetas de alquiler o alguno de los 12 vehículos que tenían a nombre de otras personas. Los vehículos viajaban sobrecargados de personas y de bidones de combustible para maximizar los beneficios de cada trayecto. La policía ha contabilizado 90 viajes con más de 1.000 víctimas.
La banda tenía unas normas muy estrictas para los desplazamientos y para los pagos: no se tenía que hablar con las autoridades si los identificaban, tenían que usar un destino ficticio, no utilizaban cinturones de seguridad para poder salir rápido de los vehículos y huir en caso de presencia policial, los menores de siete años iban sentados sobre otro pasajero --generalmente una mujer-- aunque pagaban el mismo importe que los adultos. Todo ello. subrayan los investigadores, comprometía seriamente la integridad y seguridad de los migrantes.
INVESTIGACIÓN MUY COMPLEJA
La operación ha sido de gran complejidad por la extensión geográfica de la trama y por su actividad a lo largo del tiempo. La ha dirigido el juzgado de Primera Instancia de Tremp e impulsada por la Fiscalía de Lérida. La coordinación internacional se ha realizado a través de Eurojust, con la participación de policías y órganismos judiciales de España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania.
