La Audiencia Nacional ha dispuesto un despliegue sin precedentes para tramitar los procesos de extradición de los ciudadanos chinos que pasarán por sus juzgados tras la macrooperación policial contra estafadores de esa nacionalidad que, de momento, registra 238 arrestados.
Según han informado fuentes de la Audiencia, 30 de los detenidos pasarán a disposición de un juzgado de Alicante, pero otros 210 han pasado o van a pasar por la Audiencia Nacional al pesar sobre ellos órdenes de detención y extradición dictadas desde China.
Una situación "sin precedentes" a cargo del juez de Instrucción número 5, José de la Mata, quien no obstante tendrá apoyo por parte de sus compañeros. El presidente de la institución, José Ramón Navarro, ha dictado un auto en el que habilita a los magistrados Santiago Pedraz, Carmen Lamela y Alejandro Abascal como jueces de apoyo para tramitar las extradiciones.
CUATRO FISCALES Y SEIS INTÉRPRETES
Pero los refuerzos también han llegado a la Fiscalía, que ha dispuesto a cuatro fiscales para este caso; y a la Abogacía, pues el Colegio de Abogados ha enviado "decenas" de letrados para atender a los detenidos.
También se han movilizado seis intérpretes chinos para un trabajo que se espera esté acabado esta noche y que pasa por preguntar a los arrestados si aceptan o no ser extraditados.
Serán 24 horas de trabajo, según las fuentes consultadas, que avanzan que en el Juzgado de Instrucción Central número 5 algunos funcionarios han estado trabajando toda la pasada noche.
UN JOVEN ACABÓ SUICIDÁNDOSE
Son algunas de las consecuencias de la operación 'Wall' (muro, en inglés), la más importante desarrollada entre la Policía española y la china, y con la que se ha desmantelado una organización que, desde una veintena de chalets aislados y de lujo en las provincias de Alicante, Barcelona y, sobre todo, Madrid, cometían una simple pero suculenta estafa telefónica a sus compatriotas.
La red criminal llegó a embolsarse 16 millones de euros a través de timos telefónicos a compatriotas con pocos recursos que residían en China, a los que hacían pensar que estaban siendo investigados por las autoridades de su país. En sucesivas llamadas, conseguían convencerles para ingresar una cantidad de dinero en una supuesta cuenta bancaria controlada por el Gobierno de aquel país pero que, en realidad, estaba gestionada por la red desde paraísos fiscales. La estafa incluso condujo al suicidio de un joven tras haber abonado a la trama el dinero con el que poder pagar sus estudios.
Un engaño en el que han caído miles de ciudadanos chinos, mientras los estafadores participaban en el delito de forma voluntaria y, de hecho, se trasladaban a España para ello.
La macrooperación ha culminado con la desarticulación de la trama española de un poderoso 'sindicato del crimen' con sus cabecillas distribuidos por Asia. El dispositivo ha contado con más de 600 agentes en España y apoyo de 60 agentes chinos.
